El Centro de Estudios del Desarrollo (CED) de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras publicó un análisis que contrasta con datos la narrativa de que la austeridad impuesta por la Junta de Control Fiscal (JCF) desde 2017 fue generalizada o proporcional.
El estudio —titulado “Presupuesto por Agencia a 9 años de la Junta: Austeridad para unos, bonanza para muchos”— compara el gasto público de las agencias del gobierno de Puerto Rico entre los años fiscales 2017 y 2025, ajustando las cifras por inflación a precios de 2017.
Según el CED, mientras la JCF promovía recortes al gasto público en nombre de la responsabilidad fiscal, solo 16 agencias sufrieron reducciones reales en sus presupuestos, mientras 76 entidades gubernamentales aumentaron sus asignaciones. Los datos provienen de los presupuestos aprobados por la Asamblea Legislativa y la propia Junta, obtenidos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Los mayores recortes: la UPR y los municipios
La Universidad de Puerto Rico (UPR) encabeza la lista de agencias con los recortes más severos: $421 millones menos entre 2017 y 2025, lo que representa una reducción de 47% de su presupuesto, incluso considerando el alza en el costo de matrícula. “Esto demuestra que el golpe a la educación superior pública fue drástico, sostenido y no compensado con nuevas fuentes de ingreso”, explicó el doctor José Caraballo Cueto, economista y director del CED.
El segundo recorte mayor fue el de las aportaciones a los municipios, que se redujeron en $350 millones con la eliminación progresiva del Fondo de Equiparación, que servía para sostener las finanzas de los ayuntamientos más pequeños. En tercer lugar figura la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), con una disminución de $45 millones, seguida por la Asamblea Legislativa con $41 millones y el Departamento de Justicia, que perdió $26 millones.
Otros organismos afectados fueron Salud Correccional, con $23 millones menos; el Departamento de Agricultura, con $16 millones; la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), con $9 millones; y la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, con $3 millones. En conjunto, estas reducciones suman más de $900 millones en recortes concentrados principalmente en áreas de servicios esenciales y desarrollo educativo.
“La JCF habló de austeridad, pero esta no fue para la mayoría de las agencias ni se aplicó proporcionalmente. Por ejemplo, quitaron $417 millones a la principal universidad del país mientras gastaron $446 millones más entre otras dependencias sin resultados concretos”, puntualizó Caraballo Cueto.
Agencias en bonanza
Por el contrario, el informe revela que el Departamento de Educación fue la agencia con el mayor aumento presupuestario: $934 millones adicionales, en parte dirigidos a aumentos salariales para el magisterio y mejoras en infraestructura. Le siguieron el Departamento de Hacienda con $686 millones más, el Departamento de Salud con $348 millones, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) con $210 millones, y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos con $208 millones.
Otras agencias que registraron aumentos notables incluyen la Administración de Servicios Médicos (ASEM) con $168 millones adicionales, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) con $141 millones, la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación (PRITS) con $97 millones y la Compañía de Turismo de Puerto Rico con $93 millones.
La suma de los aumentos presupuestarios de las diez agencias más beneficiadas alcanza los $3,000 millones, lo que, según el CED, evidencia una política fiscal desigual.
“Esto apunta a que la distribución del presupuesto no siguió una lógica matemática ni se basó en criterios poblacionales o de eficiencia, sino en una visión política e ideológica sobre qué agencias deben fortalecerse y cuáles debilitarse”, afirmó Caraballo Cueto.
Presupuestos 2025: el gasto sigue concentrado
En el año fiscal 2025, las agencias con mayores asignaciones fueron:
- Departamento de Educación: $3,054 millones
- Administración de Seguros de Salud (ASES): $1,126 millones
- Departamento de Hacienda: $1,034 millones
- Policía de Puerto Rico: $880 millones
- Departamento de Salud: $713 millones
- Departamento de Corrección y Rehabilitación: $464 millones
- Tribunal General de Justicia: $430 millones
- Departamento del Trabajo: $359 millones
- Departamento de Desarrollo Económico: $253 millones
- Administración de Servicios Médicos: $244 millones
El presupuesto combinado de estas diez agencias ascendió a $8,600 millones, cifra que contrasta con los recortes a la UPR y los municipios.
Aumentos salariales selectivos y efectos demográficos
El economista destacó que parte del incremento en ciertas dependencias se destinó a aumentos salariales para personal ya bien remunerado, como jueces y asesores. Mientras tanto, las agencias más afectadas —como la UPR y los municipios— enfrentan reducciones que limitan servicios básicos y programas de impacto social.
Además, el CED recordó que la población de Puerto Rico en 2024 fue 122,000 personas menor que en 2017, lo que significa que el costo per cápita de sostener estas 76 agencias aumentó.
“La Junta argumenta que recortó a la UPR y los municipios porque tenían menos personas que atender, pero ese mismo argumento aplicaba a todas las demás agencias. La diferencia radica en las prioridades que se establecieron”, añadió Caraballo Cueto.
El Centro de Estudios del Desarrollo, adscrito a la División de Educación Continua de la UPR, se dedica a realizar consultorías e investigaciones sobre desarrollo económico y humano en Puerto Rico.