Un total de 48 denuncias fueron radicadas contra seis empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que se apropiaron ilegalmente de fondos públicos al ponchar en su lugar de trabajo y marcharse a realizar gestiones personales.
Los hechos por los cuales los empleados enfrentan cargos criminales ocurrieron desde el 22 de abril de 2022, en la Oficina de Regional de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en Aguadilla. A los empleados se les acusa de llegar a las oficinas de la AAA, ponchar la entrada, pero en lugar de comenzar sus labores, se retiraban a realizar gestiones personales; para luego regresar a la AAA y ponchar la salida.
De esta manera se apropiaron de fondos públicos.
El juez Orlando Avilés Santiago, del Tribunal de Aguadilla, determinó causa probable para arresto contra: Nelson Rivera Feliciano, Daniel Colón Vale, Manuel Rodríguez Castro, Jesús Manuel Rodríguez Pagán, Nelson Manuel Conty Vázquez, y Eddie Ramirez Soto, en 48 denuncias por infracción al artículo 182 del Código Penal (Apropiación Ilegal Agravada) y el Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, presentadas en el día de hoy por el Departamento de Justicia (DJ), informó la secretaria Lourdes L. Gómez Torres.
Las fiscales Melitza Osorio Santiago y Lyanne Ortiz Román, de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor del DJ, presentaron las denuncias ante el juez, quien encontró causa en todos los cargos.
A los imputados se les impuso una fianza global de $222,000. La vista preliminar quedó pautada para el 21 de noviembre de 2025.
Se expresa el presidente de la AAA
El presidente de la AAA, Luis González Delgado, aseguró que la agencia ha estado colaborando con la investigación de los hechos que comenzaron en el 2021.
“Desde que advinimos en conocimiento de la investigación del Departamento de Justicia, nuestro personal ha colaborado plenamente con todo el proceso. Este esquema responde a hechos que comenzaron en 2021 y culminaron este año. En esta nueva administración no existe, ni existirá, espacio para actos de corrupción, malversación de fondos públicos o cualquier conducta ilegal o que pueda parecerlo. Continuaremos colaborando con las autoridades para que el peso de la ley recaiga sobre las personas responsables, quienes no representan a la gerencia ni al resto de los empleados que con compromiso y honestidad le sirven al pueblo de Puerto Rico”, expresó.