La Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la enmienda al Artículo 6 de la Ley 33-2019, conocida como Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, para establecer una asignación presupuestaria mínima de $500,000 anuales al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático.
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El proyecto recibió un informe positivo de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, que recomendó su aprobación sin enmiendas luego de evaluar los memoriales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).
Según el DRNA, la Ley 33-2019 fue aprobada con el propósito de “crear un marco legal para mitigar los efectos del cambio climático, reducir emisiones de gases de efecto invernadero y promover la adaptación de infraestructuras y comunidades ante fenómenos extremos”.
La agencia reconoció que, aunque la ley contemplaba la asignación de fondos para el Comité, nunca se fijó una cuantía mínima. Por ello, favoreció que la nueva enmienda establezca “una cantidad no menor de quinientos mil dólares ($500,000.00) anuales”.
La OGP coincidió en que toda asignación deberá evaluarse anualmente conforme a las prioridades fiscales y los requerimientos de la Junta de Supervisión Fiscal.
Sin embargo, recordó que en años recientes se asignaron fondos parciales: $300,000 en 2021, $1.2 millones en 2023 y $809,000 para el presente año fiscal, aunque “los fondos no han podido utilizarse a cabalidad ya que fueron asignados a la partida de servicios profesionales y se encuentran a la espera (…) de la revisión o aprobación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático”.
Por su parte, la OPAL estableció que el efecto fiscal del proyecto está predefinido en la medida, al consignar que la Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá asignar anualmente la suma mínima establecida.
El P. del S. 78 busca atender una deficiencia que el propio texto de la Ley 33-2019 había dejado abierta. El artículo original disponía que la OGP debía asignar anualmente el presupuesto necesario para el funcionamiento del Comité, pero no especificaba una cantidad base. Con la nueva redacción aprobada por la Asamblea Legislativa, se establece que “la asignación nunca será menor a $500,000 anuales y deberá consignarse en la Resolución Conjunta del Presupuesto General de Puerto Rico”.
El informe de la Cámara subrayó que esta enmienda permitirá al DRNA y al Comité dar continuidad a los trabajos realizados, garantizando un flujo de fondos estable para cumplir con los objetivos de mitigación y resiliencia climática.
“Esta asignación de fondos permitirá al DRNA y al Comité (…) ofrecer continuidad a los trabajos realizados, con la certidumbre de un ingreso que permitirá continuar con el esfuerzo por enfrentar el cambio climático”, lee el documento.
La medida comenzará a regir el 1 de julio de 2026, según el texto aprobado en votación final por el Senado.
Aún sin atenderse Plan de Mitigación
Aunque la enmienda al Artículo 6 busca garantizar financiamiento estable al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (PMARCC) —uno de los pilares de la Ley 33-2019— continúa pendiente de aprobación legislativa.
El documento fe entregado en abril de 2024, y todavía no se ha hecho nada al respecto.
Conforme al miembro del Comité de Expertos, Carl Axel Soderberg,la presidenta de la Comisión Conjunta sobre Cambio Climático del Senado, Marissa Jiménez Santoni, se comprometió a emitir un informe favorable sobre el plan antes del 18 de noviembre, fecha en que se espera que el documento finalmente llegue a votación.
Soderberg destacó que durante una reunión reciente con la comisión legislativa hubo apertura de todas las delegaciones políticas para atender el asunto.
“El compromiso de la presidenta fue que va a sacar un informe favorable al plan en o antes del 18 de noviembre a ambas cámaras, para que entonces cada cual lo lleve a votación como si fuera una ley (…) El Partido Independentista siempre ha apoyado el plan. Ahora el Partido Popular lo está apoyando… y ella dijo que el presidente del Senado también aprueba una versión del plan”, expresó el científico ambiental.
Soderberg explicó que el informe incluirá una lista de prioridades de acción, entre ellas la erosión costera, el riesgo de inundaciones en el aeropuerto Luis Muñoz Marín y la mitigación del calor extremo, que describió como “una de las amenazas más apremiantes para la salud pública”.
“Yo le pedí (a la senadora) que incluyera el calentamiento extremo, y accedió (…) Ella dice que las prioridades también son atender la erosión costera y el aeropuerto Luis Muñoz Marín, porque la realidad es que el 95 % de nuestros visitantes entran por ahí”, sostuvo el experto.
El miembro del Comité advirtió que los efectos del cambio climático sobre Puerto Rico se están acelerando, al no cumplirse los compromisos internacionales de reducción de emisiones.
“Cada vez se están emitiendo más gases de invernadero y el impacto sobre Puerto Rico es que los efectos van a ser más agudos y más rápidos. La exhortación es que nos tenemos que preparar para eso. Esa es la adaptación y la resiliencia”, insistió.
En paralelo, diversas organizaciones científicas, profesionales y ambientalistas reclamaron acción inmediata a la Legislatura. El llamado fue encabezado por el Comité de Salud Pública y Ambiente del Colegio de Médicos Cirujanos, junto a grupos como Sierra Club Puerto Rico y la Coalición de Organizaciones Anti Incineración, que exigieron aprobar el plan antes del cierre legislativo.
“Estamos tratando de imprimir la urgencia a la Legislatura para que apruebe el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico. (…) Si no se actúa, cómo impacta a nuestros pacientes”, expresó el doctor Ángel “Bobby” González, presidente del comité médico.
La ambientalista Myrna Conti, de la Coalición de Organizaciones Anti Incineración, añadió que el grupo circuló una carta abierta dirigida a los legisladores, respaldada por al menos diez organizaciones. “Sabemos que es un plan de 700 páginas y que es complejo y hay mucha información detallada. Pero, si no te sientas a la mesa con las personas que hicieron el trabajo… entonces por eso siguen arrastrando los pies”, subrayó.
Tanto Soderberg como los grupos ambientales coincidieron en que el plan contiene medidas de bajo costo e implementación inmediata, como pintar techos de blanco, sembrar árboles estratégicamente y aclimatar viviendas con membranas térmicas para enfrentar el calor extremo.
“Son 900 mil adultos mayores y 400 mil niños. Casi la mitad de la población afectada, y afectada que nos podemos morir. No es una cuestión de confort”, enfatizó Soderberg.