La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) urgió al Senado que se apruebe la Resolución Concurrente de la Cámara 193 mediante la cual se busca detener el cobro de 300 dólares a los clientes que cuentan con placas solares.
La medida, aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes en octubre, con 50 de los 52 miembros como coautores, ordena eliminar el cobro de $300 que LUMA Energy intenta imponer a 96,000 clientes de medición neta como parte de un “estudio suplementario de interconexión”. Esto ha sido catalogado por la SESA como un “impuesto solar ilegal” de $30 millones de dólares.
Además, la RCC 193 concede una amnistía total a las personas con sistemas solares ya instalados y ordena al Negociado de Energía comenzar un proceso, supervisado por un facilitador profesional, para determinar de manera transparente si algún cargo futuro sería justificado.
“Este cargo es injusto, ilegal y contrario a la política pública energética del país. No se puede penalizar a las familias que invirtieron en energía solar para protegerse de los apagones y las alzas en la tarifa eléctrica”, afirmó Javier Rúa Jovet, director de política pública de SESA. “Aprobar la RCC 193 no solo detiene este abuso, sino que reafirma el compromiso de Puerto Rico con la energía limpia y asequible”.
La gobernadora Jenniffer González Colón expresó su oposición a este cobro durante el SESA Summit celebrado el 28 de octubre en San Juan, afirmando: “me opongo categóricamente al intento injusto e injustificado de LUMA de imponer un cargo de $300 por estudios de interconexión a los clientes de medición neta”.
El cobro de $300 proviene de un reglamento de 2017 que choca con la Ley 17-2019 de Política Pública Energética. Sin embargo, LUMA continúa aplicándolo ilegalmente. Más aún, LUMA busca recuperar aproximadamente $11 millones adicionales a través del caso de revisión tarifaria actualmente ante el Negociado de Energía, lo que implicaría subirle la luz a todo Puerto Rico para cubrir un cargo que no tiene base legal. La RCC 193 también paraliza esta ilegalidad.
La Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), entidad adscrita a la Junta Reglamentadora de Servicio Público, presentó recientemente una querella solicitando al Negociado de Energía emitir una orden de cese y desista para detener el cobro ilegal de $300. Hasta la fecha, el Negociado no ha tomado acción, lo que hace aún más urgente la aprobación de la RCC 193.
“Cada día que pasa sin aprobar esta medida, más familias enfrentan incertidumbre. Mi esperanza es que el Senado, como bien lo ha hecho en el pasado, se mueva rápidamente para proteger nuevamente a los consumidores y reafirmar la política pública de energía renovable que Puerto Rico necesita”, añadió Rúa Jovet.