La Cámara de Representantes aprobó el Proyecto del Senado 63, una medida que modifica la Ley 141-2019, conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, señalada por limitar el acceso a datos oficiales.
La medida fue aprobada en la Cámara de Representantes con 29 votos a favor y 24 en contra.
El proyecto dispone que la agencia que incumpla con las instrucciones emitidas por el Tribunal podrá ser sancionada con una multa de hasta $100 diarios, no obstante, la penalidad no podrá exceder de $18,000 en su totalidad.
En el trámite del proyecto, el portavoz José “Pichy” Torres Zamora, presentó enmiendas para eliminar el lenguaje contenido en las páginas 10, 11, 12 y 13.
Ante esto, la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, repudió la aprobación de la medida.
“La aprobación del Proyecto del Senado 63, con o sin enmiendas, es una afrenta al pueblo y su derecho fundamental de acceso a la información pública de manera oportuna, sin temor a represalias y con el objetivo de velar cómo los funcionarios administran el gobierno. Con esta acción, los miembros de la Cámara a favor de esta medida demuestran que la vista pública que citaron ayer, miércoles, no era más que una mera formalidad, realizada a la prisa, para continuar con un trámite expedito sin justificación. La amplia oposición de diversos grupos y organizaciones comunitarias demuestra que esta medida no le conviene a nadie, excepto a aquellos que persiguen ocultarle algo al país. La aprobación del Proyecto del Senado 63 es contrario a todo lo que representa una democracia participativa”, expresó en declaraciones escritas.
La líder del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados, también expresó su rechazo a la medida.
Organizaciones periodísticas y civiles rechazan el PS 63
Organizaciones civiles y gremios periodísticos han expresado oposición al PS 63, por entender que reduce las garantías de fiscalización pública al extender los plazos de entrega de información y establecer nuevas condiciones para las solicitudes.
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Entre las organizaciones en contra se encuentran FURIA Inc., el Overseas Press Club (OPC), la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico.
La ACLU advirtió que el PS 63 representa un retroceso en el derecho constitucional de acceso a la información pública. Su directora ejecutiva, Annette Martínez Orabona, afirmó que la gestión gubernamental debe regirse por el principio de máxima divulgación y que “cuestionar e investigar la gestión pública puede ser incómodo, pero esa incomodidad no puede servir de justificación para limitar el derecho a saber”.
La organización denunció que el proyecto duplica los plazos de respuesta de las agencias y añade requisitos burocráticos que “convierten el derecho de acceso en un trámite inefectivo”, según la abogada Lolimar Escudero Rodríguez. Además, alertó que las enmiendas propuestas imponen barreras técnicas, eliminan protecciones a los solicitantes y restringen la radicación de recursos judiciales al área metropolitana, lo que debilita la transparencia y obstaculiza la fiscalización ciudadana.
Aunque el Departamento de Justicia reafirmó que el acceso a la información “es un pilar constitucional y un derecho humano fundamental”, defendió que el PS 63delimita ese derecho al precisar los casos en los que puede ser restringido por ley o por privilegios de confidencialidad oficial.