La procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, reaccionó en la tarde del lunes a la petición de la senadora independiente, Joanne Rodríguez Veve, al Departamento de Justicia de Estados Unidos Unidos para que investigue la controversia por la querella de violencia de género que involucra a la legisladora y al analista político, Carlos Mercader.
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“Desde esta oficina se sostiene de manera categórica que no se ha divulgado, confirmado ni validado información relacionada con querellas anónimas ni con documentos que formen parte de procesos confidenciales. La protección de la información sensitiva de quienes acuden a la OPM es una prioridad esencial y ha sido respetada con rigor en todo momento.
La misión de la OPM es proteger a las mujeres, no participar en controversias que desvíen la atención de lo verdaderamente importante. Por ello, resulta injusto e impreciso sugerir irregularidades cuando la agencia ha cumplido plenamente con sus responsabilidades de confidencialidad”, dijo la funcionaria en declaraciones escritas.
En la carta dirigida a la fiscal general de Estados Unidos Unidos, Pamela Bondi, Rodríguez Veve solicitó que se investigue el origen de la carta anónima, las circunstancias en las que fue divulgada y su circulación en los medios de comunicación.
Además, pidió que se determine si la OPM violó las disposiciones de confidencialidad establecidas por la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés).
Asimismo, exigió que se evalúen las políticas y procedimientos de la OPM para proteger la información personal de las víctimas y que se tomen las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento con la ley federal, con el fin de evitar daños adicionales a las personas afectadas.
El pasado 24 de octubre, la secretaria del Departamento de Justicia (DJ) local, Lourdes Gómez Torres, expresó que “la investigación realizada en torno al referido sobre una querella anónima que denunciaba que la senadora Joanne Rodríguez Veve alegadamente habría sido víctima de actos de violencia doméstica, concluyó sin que se encontraran elementos para someter denuncia alguna.
El Ministerio Público llevó a cabo una evaluación de la evidencia disponible y se determinó que no se hallaron los elementos necesarios para iniciar un proceso criminal, al amparo de la Ley 54- 1989, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”.
La querella fue radicada, según se dio a conocer, por una mujer que llegó a finales del mes de agosto hasta las oficinas de la OPM. En el documento, se alegaba que la senadora era víctima de un patrón de violencia por parte de su entonces pareja, Mercader.