La senadora independiente, Joanne Rodríguez Veve, solicitó este lunes una investigación federal sobre la divulgación de una querella anónima sobre violencia de género presentada en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) de Puerto Rico, que la involucra a ella y al analista político Carlos Mercader.
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Según la legisladora, el 20 de agosto de 2025, una querella que menciona a ella y a sus hijos menores fue filtrada tras ser entregada a la OPM.
Rodríguez Veve acusó a la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro, de confirmar públicamente los detalles confidenciales de la querella, lo que, según la senadora, puso en riesgo tanto su privacidad y seguridad, como la de sus hijos.
“Con esas expresiones, la procuradora validó y amplificó la divulgación no autorizada de información confidencial, incluyendo: mi identidad como supuesta víctima, mi número de teléfono y correo electrónico personal, así como el contenido de las alegaciones.
Al confirmar el contenido de la querella divulgada ilegalmente, la procuradora reveló información confidencial y violó su deber de confidencialidad, así como normas estatales y federales que exigen proteger los datos de presuntas víctimas de violencia doméstica”, expresó la senadora por Acumulación en la misiva que tiene fecha de hoy y está dirigida al Departamento de Justicia federal.
Acto seguido, explicó que, después la divulgación de la querella anónima, el 22 de agosto del año en curso, solicitó aclaraciones a la Policía de Puerto Rico sobre el origen y la filtración.
Posteriormente, el 27 de agosto, le pidió a la OPM información relacionada con el caso.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, no ha recibido respuestas sustanciales y considera que la demora, y el manejo inadecuado del caso reflejan un patrón de irregularidades.
Ante ello, el pasado 22 de octubre, exigió formalmente al Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ) que evalué la revelación de la querella y las acciones de la OPM.
Por estas alegadas razones, Rodríguez Veve acudió al foro federal. Con ello, busca que se investigue el origen de la carta anónima, las circunstancias en las que fue divulgada y su circulación en los medios de comunicación.
Además, pidió que se determine si la OPM violó las disposiciones de confidencialidad establecidas por la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés).
Asimismo, solicitó que se evalúen las políticas y procedimientos de la OPM para proteger la información personal de las víctimas y que se tomen las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento con la ley federal, con el fin de evitar daños adicionales a las personas afectadas.
“Las disposiciones de confidencialidad de VAWA, 34 U.S.C. § 12291(b)(2), imponen a los recipientes de fondos federales (como la OPM) la obligación estricta de proteger la información personal de presuntas víctimas y prohibir su divulgación sin un consentimiento escrito, específico y con límite de tiempo, salvo en circunstancias muy limitadas.
No cumplir con estas protecciones puede resultar en la terminación inmediata de fondos otorgados, auditorías y supervisión federal, posibles responsabilidades civiles o penales por daños a las alegadas víctimas y daño a la reputación. La divulgación y circulación de la carta anónima es una violación grave a ese mandato y requiere acción federal rápida y firme para atender el daño causado”, agregó Rodríguez Veve.