El Senado aprobó la semana pasada el Proyecto del Senado 238, una legislación para regular los alquileres a corto plazo —popularmente conocidos como Airbnb— tras años de presiones de alcaldes, comunidades y sectores turísticos que reclamaban controles ante el aumento acelerado de estas operaciones en la isla.
La medida, de la autoría de la senadora Nitza Morán Trinidad, establece un sistema uniforme de licencias y la creación de registros municipales obligatorios en los 78 pueblos, donde cada anfitrión deberá consignar información fiscal, permisológica y de capacidad de huéspedes.
Además, redistribuye el arbitrio de hospedaje del 7% que se paga hoy a la Compañía de Turismo, transfiriendo 1% directamente a los municipios para atender costos asociados al auge de esta modalidad turística, como seguridad, basura, alumbrado, ornato y manejo de desperdicios.
“Hoy Puerto Rico adopta una política pública moderna y responsable. Esta propuesta de ley no prohíbe: ordena. Protege a las comunidades sin frenar el desarrollo económico y brinda a los municipios herramientas que llevaban años reclamando”, afirmó Morán en declaraciones escritas.
La medida pasa para la próxima sesión legislativa a la Cámara de Representantes. Ejecutivos de Airbnb han planteado que favorecen una medida que sea uniforme.
“Es una industria comercial, no puede ser voluntaria”
En entrevista con Metro, Morán destacó la necesidad de cerrar lagunas regulatorias y fiscales.
“No puedes tener una industria que genera millones de dólares y que sea voluntario registrarse. Cualquier negocio en Puerto Rico necesita permisos, pero los alquileres a corto plazo han existido sin fiscalización por años”, sostuvo la legisladora.
La senadora insistió que Airbnb, VRBO y anfitriones independientes deberán quedar identificados en cada municipio, permitiendo supervisión tributaria y operativa.
Reconoce poder de condominios y urbanizaciones
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que preserva la autonomía de los condominios y urbanizaciones: si la escritura matriz, reglamento o condiciones restrictivas prohíben los alquileres a corto plazo, esa prohibición prevalecerá. La ley también autoriza a esas comunidades a imponer requisitos más estrictos que los estatales.
El PIP advierte vacíos
La senadora independentista María de Lourdes Santiago acogió el propósito de la medida, pero advirtió que requerirá ajustes para evitar que la regulación sea insuficiente frente a realidades de desplazamiento, como en Puerta de Tierra.
“La medida busca regular los alquileres a corto plazo, que han generado evasión contributiva, sobrecarga en los municipios y desplazamiento de comunidades, como en Puerta de Tierra. El registro municipal es necesario, pero requiere ajustes, como limitar el número de alquileres en pueblos como Utuado y Jayuya, y reconocer que algunos de estos alquileres son, en realidad, actividades comerciales”, sostuvo Santiago.