La Administración Trump comenzó este martes a ejecutar su plan para cerrar el Departamento de Educación, una iniciativa largamente anticipada que trasladará funciones esenciales a varias agencias federales, según confirmó a Politico un funcionario del departamento y otras dos personas conocedoras de las discusiones.
Seis oficinas serán afectadas por el proceso, que distribuirá competencias en cuatro agencias distintas y, de acuerdo con los funcionarios, busca cumplir el objetivo del presidente Donald Trump de eliminar por completo la agencia. La secretaria de Educación, Linda McMahon, afirmó que “reducir capas de burocracia en Washington es una pieza esencial de nuestra misión final”.
Un funcionario del departamento describió la red de acuerdos intergubernamentales firmados para permitir estos traslados como una “estrategia de prueba de concepto para mostrar al Congreso cómo puede hacerse”, y añadió que trabajarán con los legisladores “para hacer permanentes estos acuerdos”.
Por ahora, la gestión de decenas de miles de millones de dólares en programas educativos federales se redistribuirá entre distintas agencias. Las oficinas de Educación Primaria y Secundaria y Educación Postsecondary pasarán al Departamento de Trabajo.
La Oficina de Educación Indígena se transferirá al Departamento del Interior, mientras que la supervisión del programa de investigación Fulbright-Hays y todas las iniciativas de educación internacional y lenguas extranjeras recaerán en el Departamento de Estado. Además, un programa de cuidado infantil en campus universitarios y el de acreditación de escuelas de medicina extranjeras pasarán al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
El proceso, sin precedentes, no incluye por ahora el traslado de la autoridad federal sobre educación especial a HHS. Tampoco afecta las funciones de derechos civiles, préstamos estudiantiles ni subvenciones federales, aunque altos cargos no descartaron futuras transferencias durante reuniones privadas con legisladores.
La reorganización implica cambios profundos en la gestión de programas críticos. El programa Título I, que financia la educación de menores de hogares de bajos ingresos, migrantes o jóvenes en riesgo, será administrado por el Departamento de Trabajo, que a su vez distribuirá los fondos a los estados. Trabajo también asumirá la gestión del Title II, así como subvenciones para educación cívica e histórica, escuelas chárter y programas de formación docente.
Un funcionario del departamento no pudo precisar cuántos empleados serán reasignados a otras agencias. Tampoco se detalló la cifra total de fondos que cambiarán de manos, aunque estimó que solo los cambios en las oficinas de educación primaria, secundaria y postsecundaria afectan aproximadamente $31,000 millones.
El anuncio anticipa una confrontación con los demócratas en el Congreso y posibles batallas legales sobre el alcance de la autoridad del Ejecutivo para transferir unilateralmente la administración de programas educativos a otros departamentos.