Las vistas del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para evaluar la revisión tarifaria han destapado dudas sobre la planificación de proyectos, posibles aumentos en el costo del servicio y el manejo de fondos federales y de los abonados.
Sobre Genera
El abogado Ronaldo Emmanuelli destacó que el panel de costos de generación, que comenzó el 18 de noviembre, expuso que Genera está solicitando $767,027,674.83, distribuidos entre los años fiscales 2026 a 2028
Según explicó, “en el primer día de vista de generación, surgió que Genera no ha evaluado si los proyectos incluidos en su solicitud podrían cualificar para recibir fondos federales”.
Añadió que esto podría resultar en que “pudiera haber proyectos que no necesariamente deban ser pagados por los abonados”.
El abogado también llamó la atención sobre la solicitud de $125 millones para convertir a gas natural las unidades 7, 8, 9 y 10 de la Central San Juan, aun cuando, según señaló, del testimonio del experto del Negociado, el ingeniero Justo González, “se desprende que dicha conversión podría limitar la capacidad de generación de esas unidades y pudiera requerir reparaciones adicionales”.
Indicó, además, que el propio experto “recomendó no proceder con esa conversión”, mientras la empresa reconoció que el proceso completo podría tomar hasta tres años.
Al reaccionar a las discusiones técnicas sobre las conversiones a gas natural, el tambien abogado Ramón Luis Nieves indicó que el Negociado cuestionó si la vida útil de ciertas plantas justifica inversiones que saldrían del bolsillo de los abonados.
Explicó que “los cuestionamientos, particularmente del presidente Edisón Avilés, son muy importantes”.
“Yo creo que, de hecho, lo que hemos visto hasta ahora en las vistas del caso de revisión tarifaria es mucha discusión sustantiva sobre distintos retos que tiene el sistema del exterior de Puerto Rico. Y una ganancia de este proceso es que, como un proceso abierto, pues el pueblo tiene oportunidad de poder conocer unos detalles que de otra manera no se conocerían”, continuó Nieves.
Asimismo, confirmó que el NEPR ordenó a Genera no proceder con las conversiones a gas natural.
“Se cuestionó unas conversiones de gas natural, en plantas que, según el discurso del Negociado, pues ya hay que discutir si la vida útil de esas plantas amerita que se hagan las conversiones (…) las inversiones que tendrían que salirse del bolsillo de los abonados, y son puntos importantes. Yo creo que también afirmó su autoridad dentro del modelo regulatorio actual, que es la última palabra, en estas revisiones de planificación energética. Me parece que eso es importante”, continuó Nieves.
Sobre LUMA
En el caso de LUMA, Emmanuelli sostuvo que la empresa confirmó que sus dos fuentes principales de financiamiento son fondos federales (FFC) y los Non-Federal Capital (NFC) que provienen de la tarifa. La controversia, sin embargo, giró en torno al uso abarcador de los NFC.
Según explicó el abogado, LUMA justificó esta práctica argumentando que el proceso federal es demasiado lento, y que usan criterios internos de “criticality”, no divulgados por escrito, para determinar qué proyectos se financian con tarifa.
Esto, dijo, “limita la transparencia respecto a por qué ciertos proyectos se financian con tarifa y otros no”.
El abogado también recalcó que LUMA admitió que, cuando un proyecto pagado con dinero de los abonados recibe luego un reembolso de FEMA, “LUMA no devuelve ese dinero al cliente, sino que lo reasigna internamente a otros proyectos”.
Para Emmanuelli, esta práctica impide que los fondos federales alivien la carga tarifaria.
Por su parte, Nieves señaló que la situación está directamente vinculada al estancamiento en la reestructuración financiera de la AEE. Explicó que la autoridad lleva 11 años insolvente y ocho en quiebra, y que mientras no tenga acceso a financiamiento en los mercados, los proyectos de mejoras capitales “solamente” pueden salir del bolsillo de los abonados o de los fondos federales.
“Muchos fondos federales operan por reembolso, así que tendría que primero desembolsarse de lo que pagamos los abonados”, indicó.
Nieves también resaltó que, según se discutió, LUMA “prácticamente paralizó el programa de despeje de vegetación”, un factor que consideró “escandaloso” como contribuyente a los apagones.
Preocupación del sector privado
La presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico Margaret Ramírez Báez, confirmó que el sector empresarial está siguiendo de cerca las vistas y que la Cámara mantiene un monitoreo constante a través de su comité especializado en energía.
Explicó que la Cámara reconoce la jurisdicción primaria del Negociado para revisar y aprobar tarifas, y que la revisión actual es particularmente importante por el impacto directo que tiene en la competitividad del país.
Ramírez Báez resaltó que la tarifa provisional vigente desde julio ha aumentado la preocupación entre los comerciantes, pues la nueva tarifa base definirá los costos relacionados con inversión, infraestructura y mantenimiento. Explicó que el proceso no debe terminar imponiendo más cargas económicas sobre el sector productivo.
“Es importante que nosotros no perdamos de vista de que ese proceso no puede conducir a afectar ya más la vida y la calidad de vida del puertorriqueño y también afectar tanto el clima de hacer negocio en Puerto Rico”, informó.
Asimismo, indicó que la Cámara ha recibido comentarios constantes de su matrícula y de comerciantes que enfrentan aumentos en costos operacionales y falta de estabilidad en el sistema. Detalló que el costo de la electricidad es uno de los factores más determinantes para pequeños negocios que operan con márgenes limitados, y que muchos detallistas han tenido que cerrar operaciones ante la imposibilidad de absorber los aumentos.
“El costo de electricidad es uno de los principales costos que atañe a un negocio, y si ya tú no tienes el control como comerciante de poder hacer un presupuesto que sea real, porque tú te estás pendiente de que aumente eso”, comentó.
“Nosotros […] tratamos de que ciertamente tengamos un sistema de energía que sea resiliente, que sea estable, pero que también sea un costo adecuado, que sea un costo justo y razonable”, expresó la presidenta.