La administración municipal de San Germán propuso imponer un cargo anual por mantenimiento de sepulcro y panteones en los cementerios municipales, pero la ordenanza generó tal nivel de debate que esta semana fue retirada.
El Ejecutivo municipal retiró la controvertida propuesta luego de intensos cuestionamientos sobre su legalidad y el reclamo público de residentes y familiares afectados.
El retiro de la medida ocurrió el 20 de noviembre, durante una reunión de la Comisión Especial del Ejecutivo Municipal. Allí, el legislador Carlos Santana (PPD) planteó múltiples interrogantes sobre la ordenanza —que bautizaron en el pueblo como el “impuesto al descanso eterno”—, que en su mayoría no pudieron ser respondidas por los funcionarios presentes. Tras el debate, el alcalde Virgilio Olivera Olivera decidió retirar la ordenanza de la consideración legislativa.
En el pasado, San Germán fue uno de los primeros municipios en cobrar por el recogido de basura, lo que le pasó factura al predecesor del alcalde. A su llegada a la alcaldía en el año 2021, Olivera Olivera derogó ese cargo.
Un reciente análisis del ABRE Puerto Rico revela que 26 municipios de la isla están clasificados como “vulnerables” o “en crisis” en materia de salud fiscal, considerando indicadores como liquidez, dependencia de fondos estatales y capacidad de generar ingresos propios. Sin embargo, San Germán está calificado en ese informe como estable. Aparece en el escalafón 41 de 78 municipios.
Ajustan ordenanza sobre puestos de trabajo social
El pasado 17 de noviembre, la Legislatura Municipal enmendó otra propuesta que había generado preocupación entre sectores profesionales y comunitarios: la ordenanza que originalmente eliminaba el requisito de licencia profesional para ejercer funciones de trabajo social en el municipio.
Según informó la delegación de minoría del PPD en una publicación de esa misma fecha, la presión ciudadana provocó que la Legislatura revisara el proyecto, limitándolo únicamente a eliminar el requisito de colegiación, conforme a la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico que declaró inconstitucional la colegiación compulsoria.
La enmienda aprobada no elimina la obligación de contar con una licencia profesional, requisito establecido en la Ley 171 de 1940 para ejercer la profesión en Puerto Rico.
La minoría legislativa reiteró que cualquier aspirante a un puesto de trabajo social en el municipio debe poseer licencia vigente y aprobada por la Junta Examinadora de Trabajo Social. Mantuvieron que el cumplimiento de ese requisito es esencial para garantizar servicios adecuados y protección a poblaciones vulnerables.
Estos episodios se suman a una serie de cuestionamientos recientes de la oposición política en el ayuntamiento sobre la asesoría legal y la dirección administrativa del municipio. La delegación de minoría del PPD, integrada por los legisladores Carlos Santana y Freddie Vargas, insistió en que la autonomía municipal debe ejercerse dentro de los límites que establece el ordenamiento jurídico de Puerto Rico.