La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) urgió a la gobernadora Jenniffer González Colón a no firmar el Proyecto del Senado 127, tal como está redactado, al advertir que la medida viola el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), contradice órdenes federales vinculantes y crea nuevas obligaciones de pensión prohibidas por PROMESA.
El PS 127 busca establecer la “Ley Especial para el Retiro Incentivado y Pensión Justa Garantizada de Empleados Esenciales”, un programa de retiro temprano para empleados que quedaron fuera de la implementación parcial de la Ley 80-2020. Sin embargo, la JSF sostiene que esta propuesta expande indebidamente el alcance del acuerdo final entre el Gobierno y la Junta —la llamada Final Stipulation— que limita quiénes pueden acogerse al programa.
Según la carta enviada el 25 de noviembre, el proyecto violaría el PAD porque crea nuevos beneficios de retiro, algo expresamente prohibido por el propio Plan y por la sentencia de confirmación del tribunal federal. Ambos documentos disponen que el Gobierno no puede aumentar beneficios definidos, obligaciones o pagos de pensión durante un periodo de 10 años.
La JSF recordó que la Ley 80-2020 fue invalidada en 2021 por el Tribunal Federal y solo pudo ser parcialmente implementada por acuerdo entre las partes. Ese acuerdo, convertido en orden judicial en marzo de 2024, limita estrictamente quiénes pueden acogerse al retiro y establece que el Gobierno no puede aprobar legislación que altere sus términos.
Además, la Junta advierte que el PS 127 es fiscalmente insostenible porque crea gastos adicionales sin identificar ingresos o recortes que los compensen. El proyecto contempla cubrir el costo con “ahorros de nómina” de las plazas vacantes, pero la JSF señala que esas plazas son clasificadas como esenciales, por lo que deben llenarse nuevamente y no generarían ahorros reales.
También alerta que el proyecto podría violar la Sección 204(c) de PROMESA, ya que implicaría reprogramaciones presupuestarias sin contar con el análisis previo requerido por la JSF.
La Junta concluye que el PS 127 “es fiscalmente irresponsable, impide la recuperación financiera de Puerto Rico y revive las prácticas de gasto que llevaron a la quiebra”, por lo que pide expresamente que la gobernadora no firme la medida. Además, advierte que se reserva el derecho de acudir al tribunal para detener la implementación del proyecto si llegara a convertirse en ley.