Daddy Yankee presentó una demanda federal directamente contra el productor Raphy Pina y contra figuras que durante años estuvieron integradas a su estructura profesional y corporativa —entre ellas su exesposa, Mireddys González—, a quienes acusa de participar en un esquema de fraude, manipulación de derechos de autor y crimen organizado para apropiarse de regalías generadas por su catálogo musical.
La acción judicial, presentada bajo la Ley RICO, alega que durante casi una década los demandados mantuvieron un sistema de documentación alterada, registros falsos de derechos de autor y desvío sostenido de ingresos que benefició indebidamente al productor.
“Pina-Nieves actuó como el arquitecto central de una estructura organizada bajo la Ley RICO, orquestando esquemas para adjudicarse de manera ilegal la autoría y los derechos de publicación de canciones que no creó”, lee parte de la demanda.
El pleito surge tras la transición de control de las corporaciones del artista a finales de 2024 al separarse de quien era su esposa, proceso que destapó vacíos de información, documentos ausentes y discrepancias en los registros de autoría. Esto motivó una revisión interna más profunda que, según la demanda, permitió detectar un patrón sistemático de asignaciones de regalías que no respondían a aportaciones creativas reales por parte de los demandados.
Alegaciones de un esquema para insertar a Pina como coautor
La demanda describe que, desde por lo menos el año 2015, Pina y varios colaboradores cercanos habrían logrado insertar al productor como coautor y beneficiario de regalías de temas en los que no participó creativamente. El documento sostiene que esto se consiguió mediante split sheets manipulados, comunicaciones internas que excluían al artista, y registros de derechos de autor que reflejaban asignaciones falsas o no autorizadas.
Esa documentación circuló en la industria musical como si fuera válida, lo que llevó a que editoras, plataformas digitales y gestores de derechos en Estados Unidos y el extranjero distribuyeran porcentajes basados en información que, según los demandantes, no era correcta. La querella plantea que la naturaleza repetitiva y coordinada de estas acciones permitió que las asignaciones se institucionalizaran con el tiempo, generando una apariencia de legitimidad que dificultó detectarlas a simple vista.
La demanda también describe un ambiente de intimidación y presión alrededor de la figura de Pina, alegando que el productor utilizaba tácticas de coerción y manipulación emocional para mantener control sobre decisiones administrativas y evitar que terceros —incluyendo personal cercano al artista— cuestionaran las asignaciones de regalías o solicitaran explicaciones. “Ejerció control financiero sobre los artistas, utilizando intimidación y manipulación emocional para imponer lealtad y silenciar el disenso”, lee el documento.
Según la reclamación, este clima contribuía a que los cambios en los porcentajes de autoría circularan sin resistencia interna y a que se legitimaran registros que, de acuerdo con los demandantes, no respondían a acuerdos reales.
“Creó y mantuvo un clima de miedo mediante intimidación física, actos de violencia y el uso de armas de fuego para afirmar dominio y disuadir la oposición”, plantea la demanda sobre el productor, quien cumplió cárcel por un caso de armas. La demanda va más allá y plantea que Pina actuaba de forma similar con nuevos talentos. “Explotó la confianza personal, la amistad y las promesas de avance profesional como herramientas de influencia, especialmente sobre artistas jóvenes y de orígenes humildes que carecían de experiencia en sistemas de regalías y publicación”, se incluye en las alegaciones.
La querella argumenta que ese patrón de conducta reforzaba la estructura organizada que permitió que las presuntas alteraciones se sostuvieran durante años.
El texto señala que las alteraciones alcanzaron obras de alto perfil en el catálogo del artista, cuyos registros en la Oficina de Copyright mostraban porcentajes asignados a Pina sin que el artista los hubiese aprobado.
Actuaciones atribuidas a González, Prado y Coll
El documento también detalla actuaciones de personas que ocuparon posiciones clave dentro de la estructura corporativa del artista. Según la demanda, Mireddys González, como presidenta de El Cartel Records y Los Cangris hasta diciembre de 2024, tramitaba comunicaciones y documentos internos que contenían asignaciones de regalías sin informar al artista o sin obtener su autorización. Esta falta de transparencia, combinada con la exclusión de Daddy Yankee de correos y comunicaciones esenciales, habría permitido que las alteraciones no se detectaran con prontitud.
En el caso del abogado Edwin Prado-Galarza, la querella lo presenta como una figura que facilitó acuerdos y firmó documentos que aparentaban contar con la autorización del artista, dando así apariencia legal a asignaciones de publishing que los demandantes consideran fraudulentas. Por su parte, el productor Andrés Coll-Fernández habría jugado un rol técnico en la validación y la circulación de información que luego se transmitía a editoras y entidades de cobro, consolidando el esquema descrito.
Corporaciones como componentes del presunto andamiaje
La demanda identifica varias corporaciones vinculadas a Pina —como Los Magnifikos, World Music Latino (Pina Records), Mafer Music Publishing y Prendi Publishing Trust— como vehículos a través de los cuales se canalizaban reclamaciones y pagos de regalías. Según el documento, estas empresas funcionaban como parte estructural del presunto enterprise, lo que permitió que asignaciones alteradas avanzaran entre distintos sistemas de la industria musical sin ser detectadas.
La crisis interna que abrió la puerta al hallazgo
Tras anunciar su divorcio en 2024, el artista reclamó el control de sus corporaciones y, en el proceso, su equipo reportó la falta de expedientes completos, la desaparición de correos electrónicos corporativos y la imposibilidad de obtener información financiera esencial. Estas controversias se dirimieron en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan.
En la demanda actual, se plantea que al asumir la presidencia de sus empresas, Daddy Yankee encontró que la documentación no era suficiente para entender el estado real de sus operaciones.
Auditoría dirigida por el exjefe del FBI
Aunque no se menciona en la demanda, el récord público muestra que en enero de 2025, el artista confirmó la contratación del exjefe del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases Gallardo, para asistir al equipo legal en la revisión y la reconstrucción de la información corporativa.
Cases y un equipo de consultores especializados comenzaron a examinar contratos, comunicaciones, reportes de regalías y prácticas administrativas.
La nueva acción judicial a nivel federal fue radicada por el equipo legal de Daddy Yankee y de Los Cangris, Inc., representados por abogados de los bufetes Antonetti Montalvo & Ramírez-Coll y CST Law. Estos argumentan que la estructura detallada en el texto de la demanda constituye un enterprise bajo la Ley RICO, un estándar que requiere demostrar coordinación, continuidad y propósito económico en la actividad alegadamente fraudulenta.
Lo que solicita Daddy Yankee al tribunal
El artista solicita la corrección inmediata de todos los registros de derechos de autor afectados, la restitución de regalías desviadas y remedios bajo la Ley RICO, que incluyen la posibilidad de triplicar los daños. También pide un interdicto permanente que impida que los demandados vuelvan a presentar reclamaciones sobre las obras en cuestión y solicita otros remedios disponibles bajo la ley estatal y federal.
La magnitud de las alegaciones tiene el potencial de sacudir prácticas estándar en la industria urbana, especialmente en lo relacionado con la documentación de colaboraciones, el registro de obras y la gestión de regalías. La demanda subraya la vulnerabilidad de los sistemas de registro cuando las verificaciones internas fallan o dependen excesivamente de actores que ocupan posiciones de poder dentro del ecosistema musical.