La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó anoche, con condiciones y observaciones, el nuevo contrato de suministro de gas natural licuado (LNG) entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la empresa NF Energía LLC —filial de New Fortress Energy (NFE)—, a un costo estimado de $3,179,750,000 por un periodo de siete años.
En una carta firmada por el asesor legal general Jaime El Koury, la JSF sostuvo que la versión final del acuerdo multisede de LNG refleja mejoras sustanciales frente al contrato original retirado en julio pasado, pero advirtió que persiste un problema estructural que limita la competencia: el monopolio portuario que NFE mantiene sobre el terminal de San Juan.
Aprobación bajo condiciones estrictas
Aunque el contrato fue aprobado, la JSF impuso condiciones que deben cumplirse antes de su ejecución. Entre ellas, exige que el Gobierno revise y reenvíe el Tolling Term Sheet, el anexo que detalla cómo se permitiría el acceso de terceros al terminal únicamente si NFE no pudiera suplir gas.
La Junta condicionó la aprobación a que ese documento:
- Incluya un mecanismo claro de regasificación y entrega en Palo Seco,
- Defina las responsabilidades del suplidor, del comprador y del operador del terminal, y
- Establezca una cadena de custodia viable para el gas entregado en San Juan y Palo Seco.
El organismo fiscal también recordó que la obligación mínima de compra (Take-or-Pay) sería de 40 millones de MMBtu anuales, con un potencial aumento a 50 millones si se integran nuevas unidades a gas.
“Monopolio operativo” en el puerto de San Juan
La carta subraya que el principal obstáculo para una competencia real no está en el contrato de gas, sino en el acuerdo de arrendamiento firmado en 2018 entre NFE y la Autoridad de los Puertos, el cual otorga a la empresa derechos exclusivos sobre áreas, almacenes y zonas operacionales del muelle de Puerto Nuevo donde se encuentra el único terminal de regasificación que puede suplir a San Juan y Palo Seco.
“Esta exclusividad ha creado un monopolio operativo sobre la infraestructura de importación y manejo de LNG, dejando a Puerto Rico dependiente de un solo proveedor durante el término del acuerdo portuario”, advierte la Junta.
Según la JSF, esa exclusividad de NFE impide la entrada de otros suplidores, limita la competencia en futuras licitaciones y deja sin alternativa al Gobierno si la empresa incumple. El organismo afirma que la situación afecta la confiabilidad del sistema eléctrico, los costos del combustible y la competitividad económica del país.
La Junta señala que, debido al control de NFE sobre el puerto y a los fallidos intentos previos de encontrar suplidores alternos, rechazar por completo el contrato hubiese dejado a Puerto Rico sin suministro de gas natural, reduciendo la capacidad disponible de generación.
Por ello aprobó el acuerdo, pero advirtió que el Gobierno debe desarrollar alternativas al contrato portuario vigente, explorar opciones de infraestructura y garantizar acceso abierto en el futuro.
Llamado a fiscalizar y cobrar penalidades
La JSF también pidió a la AEE completar una evaluación de los daños liquidados que NFE debe por incumplimientos previos —incluyendo los costos de diésel incurridos cuando la empresa no entregó gas bajo contratos anteriores— y cobrar dichas cantidades formalmente.
El Ejecutivo deberá entregar un informe con los hallazgos y las acciones correctivas a más tardar en marzo de 2026.
“Mejorado, pero no suficiente”
Según la Junta, las revisiones exigidas durante los últimos meses lograron:
- Reducir la duración del contrato,
- Bajar los volúmenes mínimos de gas,
- Ampliar las limitaciones a los riesgos asumidos por el Gobierno, y
- Establecer mejores protecciones en caso de fallas del suplidor.
Aun así, el organismo concluyó que el problema de fondo sigue sin resolverse: Puerto Rico depende del único terminal controlado por NFE y no tiene una salvaguarda operativa para incorporar otros suplidores de gas natural.
“Mientras la exclusividad de NFE permanezca intacta, la isla continuará vulnerable a interrupciones del suministro y a un mercado no competitivo”, puntualizó la JSF.
El contrato ahora condicionado por la JSF llega tras meses de controversias. El acuerdo original, presentado en junio, contemplaba 15 años y unos $20 mil millones, pero fue retirado en julio luego de que la Junta señalara falta de competencia, inconsistencias con el RFP, cláusulas monopólicas y un conflicto de interés directo porque Genera PR —agente de la AEE— es subsidiaria del propio suplidor. Desde entonces, el Gobierno operaba bajo un contrato temporero por “exigencia”, enmendado y extendido sobre una decena veces entre julio y octubre ante reiteradas fallas de suministro por parte de New Fortress. Durante ese periodo, la dependencia del diésel elevó costos y redujo la capacidad de generación disponible, lo que convirtió la negociación del contrato final en un asunto urgente para evitar una crisis energética.