La Federación de Instituciones de Cuido Prolongado acogió las recomendaciones contenidas en el Informe Final de la Resolución de la Cámara 258, documento que examinó la operación clandestina de algunos centros en Puerto Rico y que integró la mayoría de las propuestas entregadas por la entidad.
La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social estableció en sus conclusiones que “el problema requiere una respuesta multisectorial que combine fiscalización, educación y reforma administrativa, así como el fortalecimiento de las agencias fiscalizadoras”.
Jonathan Morales Adorno, presidente de la Federación, sostuvo que la organización planteó ante la Comisión la urgencia de atender el asunto desde una visión estructural e intersectorial.
Afirmó que “los centros de cuido prolongado deben ser reconocidos como servicios esenciales del Estado, y la respuesta gubernamental no debe limitarse a sancionar, sino también a educar, orientar y acompañar a los operadores que desean formalizar sus servicios bajo el marco legal”.
El presidente de la entidad expuso que el reconocimiento como servicio esencial debería ser el primer asunto trabajado mediante legislación. Explicó que, durante situaciones de emergencia, los hogares requieren acceso a suministros de igual manera que los hospitales, ya que atienden a personas encamadas, con oxígeno y que dependen de servicios continuos para mantener una vida digna.
Detalló que “requerimos comprar gasolina para los generadores, tener disponible gas para la cocina, obtener agua potable y hacer compras a gran escala en los supermercados. Los administradores y dueños de hogares no deberíamos estar luchando en largas filas con la ciudadanía, enfrentando límites de cantidad, cuando las vidas de cientos de personas dependen de nuestra diligencia y rapidez para brindarle servicios de calidad ante cualquier crisis”.
Morales Adorno añadió que la Federación presentó una postura centrada en la colaboración intersectorial entre gobierno, agencias, municipios y organizaciones del sector. Destacó que la entidad promovió un enfoque basado en prevención, educación y acompañamiento técnico.
“La Federación reafirmó que la solución requiere una estrategia de colaboración intersectorial entre el gobierno, las agencias, los municipios y las entidades representativas del sector, enfocada en la prevención, educación y acompañamiento técnico más que en sanciones punitivas”, señaló.
También expresó apoyo general a la Resolución, sin embargo, destacó la importancia de una distinción precisa entre hogares clandestinos y centros que sí cumplen, pero que enfrentaron retrasos en sus trámites por razones administrativas.
Esa distinción quedó recogida en el Informe, donde la Comisión estableció que existen “hogares verdaderamente clandestinos, cuya existencia y localización son desconocidas por las agencias y hogares con cumplimiento parcial que enfrentan demoras atribuibles a procesos burocráticos como certificaciones sanitarias, inspecciones de bomberos o ‘background checks’ pendientes”.
El presidente de la organización señaló además que “la falta de recursos, la burocracia y el aumento de la demanda por servicios de cuido –producto del envejecimiento poblacional– han propiciado la aparición de facilidades informales”.
Entre las recomendaciones legislativas incluidas en el Informe, se planteó que el Departamento de la Familia mantenga un registro clasificado por estatus de licenciamiento y que esa información permanezca disponible para la ciudadanía. También se acogió la propuesta de establecer licencias provisionales temporales bajo supervisión mientras los operadores completan los requisitos reglamentarios.