Congresistas de alto rango de Estados Unidos recibieron este jueves un informe clasificado de funcionarios del Pentágono sobre la campaña de la administración Trump contra presuntos barcos de narcotráfico frente a la costa de Sudamérica, en medio de la polémica por un ataque en septiembre que ha generado preocupación en el Capitolio.
El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, y el almirante Frank “Mitch” Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales, llegaron esta mañana al Capitolio para informar a los líderes de los Comités de Servicios Armados e Inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado, en una sesión a puerta cerrada.
El Pentágono ha estado bajo escrutinio desde que The Washington Post informó la semana pasada que un ataque el 2 de septiembre contra un presunto barco venezolano de drogas incluyó un segundo ataque que mató a dos sobrevivientes del primero.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la decisión de atacar nuevamente fue tomada por Bradley, comandante de la misión. Según una fuente citada por CBS News, los sobrevivientes intentaban subir de nuevo al barco cuando fue golpeado por segunda vez.
El informe del Post generó preocupación bipartidista entre los legisladores, quienes prometieron investigar el caso.
Aunque la administración sostiene que el segundo ataque fue legal y justificado, miembros del Congreso y expertos han cuestionado su legalidad, y algunos demócratas han señalado que podría constituir un crimen de guerra si el segundo ataque se dirigió a sobrevivientes.
Se espera que Bradley muestre un video del ataque del 2 de septiembre y explique sus decisiones durante la sesión informativa, según una fuente cercana a CBS News.
El ataque de septiembre marcó el inicio de la campaña de la administración, que hasta la fecha ha destruido más de 20 barcos y causado la muerte de más de 80 personas.
La operación había atraído atención del Congreso incluso antes del informe del Post, dado que la administración realiza los ataques sin autorización explícita del Legislativo.
Según la Casa Blanca, los ataques son legales porque los carteles de drogas han sido designados como organizaciones terroristas y las tropas estadounidenses no se encuentran en peligro directo.