La presidenta del Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias (SAME), Liz Colón Alicea, le solicitó este domingo a la gobernadora Jennifer González Colón que destituya de su cargo al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer Croly.
Colón Alicea aseguró en declaraciones escritas que existe una “crisis administrativa y operacional” dentro del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), y que Garffer Croly “no ha demostrado contar con el conocimiento ni la capacidad necesarios para desempeñar su posición de manera efectiva”.
Indicó, además, que el funcionario ha realizado expresiones caracterizadas por “prepotencia”, “amedrentamiento” y “machismo”.
La presidenta de SAME denunció que, durante una reunión con Garffer Croly, se presentaron varios asuntos que requieren atención por las situaciones que enfrenta el NMEAD, pero que hasta el momento no han sido atendidos ni se ha notificado sobre su seguimiento, incluyendo el aumento de sueldo pendiente para los empleados de la agencia.
“Por el contrario, cada día las condiciones dentro del NMEAD se deterioran aún más: el sistema de comunicaciones permanece inoperante, la Oficina Regional de San Juan está paralizada, no hay director de zona físicamente presente, carece de subdirector, no cuenta con coordinador de búsqueda y rescate y solo dispone de dos radio-operadores para brindar apoyo a los municipios del área metropolitana, que son los que le competen a esa zona”, dijo Colón Alicea en un comunicado de prensa.
Y añadió: “Además, las diez oficinas regionales enfrentan serias deficiencias en personal, recursos, equipos y mantenimiento; existe una marcada falta de uniformes, fallas continuas en los sistemas de aire acondicionado tanto en la oficina central como en las regionales, escasez de personal para sostener operaciones 24/7, ausencia de técnicos de búsqueda y rescate, atrasos significativos en pagos a suplidores, dificultades en el manejo del presupuesto de ocho millones de dólares y la pérdida de fondos federales esenciales como el EMPG”.
A juicio de Colón Alicea, el Negociado se encuentra en una “emergencia interna” que compromete la capacidad para responder ante cualquier emergencia.
Señaló que los trabajadores de NMEAD continúan “enfrentando condiciones inaceptables y una administración incapaz de atender las necesidades más básicas del Negociado, lo que representa un riesgo directo para la seguridad de la ciudadanía”.
De la misma forma, Colón Alicea pidió a González Colón que apruebe el Proyecto 842, que busca restituir la Ley 211 y devolverle al Negociado todas sus facultades como agencia estatal encargada de la preparación, respuesta y recuperación ante emergencias y desastres.
“La seguridad del país no puede seguir dependiendo de estructuras fragmentadas ni de una gestión que no ha demostrado capacidad de respuesta […] Puerto Rico merece un sistema de manejo de emergencias robusto, transparente y verdaderamente comprometido con la protección de vidas”, concluyó.