El principal oficial ejecutivo (CEO) de LUMA, Juan Saca, declaró declaró hoy que renunciaría a su cargo si las empresas matrices del consorcio dejan de poder competir por contratos de reconstrucción del sistema eléctrico.
Su afirmación ocurrió durante la vista de revisión tarifaria, en una línea de preguntas de uno de los abogados de las partes intervenoras, bajo la moderación del oficial examinador, Scott Hempling.
Uno de los abogados de las partes preguntó si LUMA consideraba apropiado que compañías vinculadas a sus dueños compitan por contratos financiados con fondos federales. Saca respondió que esa participación es natural en el sector y añadió: “Si eso dejara de ocurrir, yo renunciaría.” El ejecutivo sostuvo que Puerto Rico requiere firmas con experiencia técnica robusta para poder completar proyectos de gran escala, especialmente en la fase actual de reconstrucción.
Se cuestionó si LUMA podría influir en las especificaciones técnicas que sirven de base para las licitaciones y, en consecuencia, favorecer involuntariamente a sus afiliadas. Saca afirmó que el proceso lo impide porque el Third-Party Procurement Office (3PPO) asume el control de la fase de adjudicación cuando una empresa relacionada presenta interés en competir. Señaló que, en esos casos, LUMA queda fuera del proceso de evaluación y adjudicación de las propuestas. La referencia es al proceso bajo la Autoridad de las Alianzas Público Privadas mediante una firma independiente que analiza esas contrataciones con afiliadas a los operadores privados del sistema eléctrico.
“Hay dos áreas que un CEO no puede comprometer: la integridad de los libros y la integridad del proceso de compras”, expresó Saca, al describir la estructura interna de cumplimiento, que incluye un chief compliance officer con acceso directo a la junta de directores y un comité de auditoría independiente.
Aunque la vista se centró en la gobernanza y los posibles conflictos de interés, el operador del sistema de transmisión y distribución eléctrica difundió un comunicado en el que reiteró que su compensación es fija bajo el Acuerdo de Operación y Mantenimiento y que no obtiene ingresos adicionales producto de aumentos tarifarios. La empresa también destacó que ha invertido más de $2,500 millones en la modernización de la red de transmisión y distribución, incluyendo reemplazo de infraestructura crítica, automatización de subestaciones y proyectos de resiliencia.
El comunicado citó además un informe técnico de la firma EnerNex —contratado por la Junta de Supervisión Fiscal— que advierte que la red eléctrica podría deteriorarse hasta un 5% anual sin inversión continua y que una implementación completa del plan fiscal podría mejorar la confiabilidad del sistema en casi un 50%.
Las vistas tarifarias continuarán en la tarde con la evaluación de otros temas relacionados al cumplimiento regulatorio y la estructura del contrato.