Coordinadora Paz para las Mujeres (CPM) y la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género alertaron hoy sobre un escenario crítico para los programas y organizaciones que atienden violencia doméstica y sexual en Puerto Rico debido a una merma sustancial de fondos federales y estatales. Ambas entidades expresaron que la falta de una estrategia gubernamental para atender esta situación constituye un riesgo directo para la vida y seguridad de miles de sobrevivientes y representa una forma de violencia institucional.
En conferencia de prensa, las organizaciones informaron que las entidades que ofrecen servicios a víctimas enfrentaron una crisis de sostenibilidad caracterizada por recortes fiscales que afectaron al 51.6% de ellas.
Señalaron reducciones en fondos legislativos, en la Ley federal de Víctimas de Delitos (VOCA, por sus siglas en inglés), en la Ley federal de Violencia Contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) y en asignaciones del Departamento de Justicia a nivel federal y estatal. Indicaron además que el 93.3% de las organizaciones no recibió aumentos presupuestarios, lo que compromete servicios esenciales como la atención directa, los servicios psicológicos y la intercesoría legal.
“Los Fondos Legislativos son los más afectados con recortes para el 19.4% de las organizaciones. Le siguen VOCA, VAWA y el Departamento de Justicia (Federal/Estatal), cada uno con 12.9%”, lee el comunicado.
De acuerdo con los datos presentados, los servicios más afectados fueron los directos con 29%, seguidos por los psicológicos con 22.6% y los legales con 22.6%. Las áreas médicas, sociales y educativas reflejaron impactos moderados entre 6.5% y 16.1%.
La situación afecta el ecosistema completo de organizaciones que brindan servicios considerados vitales: líneas de emergencia, apoyo psicológico y legal, acompañamiento en procesos judiciales, educación comunitaria, vivienda transitoria, manejo de casos, intervención en crisis, albergues de emergencia y programas especializados para niñez y juventud.
La mayoría de las organizaciones opera con equipos pequeños de menos de 20 personas, y existe una concentración mayor en la región norte que deja sin atención suficiente a comunidades del oeste, Vieques y Culebra.
En el caso de los albergues, la exigencia operativa resulta particularmente intensa por la necesidad de operar 24/7, garantizar seguridad física, cubrir turnos completos y ofrecer servicios especializados para sobrevivientes y menores. La reducción de fondos se combina con retrasos en la firma de contratos y desembolsos, lo que coloca a varios albergues en el límite de lo sostenible. Los programas no residenciales enfrentaron presiones similares, debido a la falta de personal, recursos y continuidad.
Los recortes en la asignación de fondos VOCA representan el golpe más significativo para los albergues. El año pasado recibieron cerca de $862,976.95 y este año la proyección se redujo a $432,448, una baja de 50%. Parte de los fondos proyectados para el ciclo 2025–2026 aún no cuenta con carta formal de otorgación, contratos firmados ni desembolsos.
Las organizaciones señalaron que los recortes en fondos estatales afectan funciones administrativas y operacionales indispensables para la operación diaria, desde el personal clave hasta costos de infraestructura. Recordaron que desde marzo advirtieron sobre el impacto potencial de esta merma y solicitaron al Estado el desarrollo de un plan de acción. Aunque públicamente se minimizó la gravedad, las asignaciones oficiales confirmaron reducciones sustanciales en varias fuentes de fondos. Algunas organizaciones podrían enfrentar limitaciones significativas a corto o mediano plazo, en un momento en el que se acerca el periodo de presentación de propuestas para el próximo año fiscal.
CPM y la Red Nacional de Albergues hicieron un llamado a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, a la gobernadora Jenniffer González y a las agencias pertinentes a establecer un proceso colaborativo inmediato.
Coordinadora Paz para las Mujeres y la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género hacen un llamado a la Oficina de Procuradora de las Mujeres, la Gobernadora Jennifer Gonzalez y las agencias pertinentes a establecer un proceso colaborativo inmediato y reconocer la gravedad de esta crisis.
“No podemos perder de vista que estos servicios no sustituyen al Estado: son una extensión de su responsabilidad. Al delegarlos en organizaciones sin fines de lucro, el gobierno debe asegurar el financiamiento estable que permita cumplir con su deber de proteger a las sobrevivientes”, afirmaron ambas organizaciones.