El director financiero de LUMA Energy —empresa encargada del sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico—, Andrew Smith, admitió ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que la compañía no ha facturado, durante sus cuatro años de operación, el exceso de consumo energético de los municipios que supera lo permitido bajo el mecanismo de Contribución en Lugar de Impuestos (CILT, por sus siglas en inglés), debido a “deficiencias” en el criterio que obligan a procesar estas facturas manualmente cada mes, una tarea que, según indicó, no han realizado porque implica manejar más de 12,000 cuentas individuales.
Durante la continuación de las vistas tarifarias, Smith admitió que no tiene una cifra acumulada de cuánto adeudan los municipios en exceso durante los últimos cuatro años y que se trata de una falla que permanece sin corregirse, heredada de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El interrogatorio surgió a partir del análisis del informe de FTI Consulting, que detalla fallas en el sistema de facturación heredado de la Autoridad que impiden establecer límites automáticos de consumo para cada cuenta municipal. Según el informe, esto ha resultado en consumo no facturado que, a juicio del Negociado, podría representar millones en ingresos no recuperados.
Durante la vista, el asesor del negociado, Scott Hempling, pidió claridad sobre si LUMA reconoce que el sistema carece de límites de consumo para el CILT. El principal oficial financiero de la empresa respondió que “no existe un límite máximo” de consumo registrado en el sistema de facturación, lo que impide identificar automáticamente cuándo un municipio excede lo permitido por ley.
Hempling preguntó entonces si existía un plan concreto para corregir la falla, a lo que Smith explicó que la empresa consultora Accenture había sido contratada para atender el problema, pero que el proyecto fue retrasado por decisiones internas relacionadas con la disponibilidad de fondos.
“Lamentablemente fue una de las iniciativas que aplazamos. Pero se anticipa que se resolverá en el año fiscal 2026”, detalló el director financiero.
Asimismo, Smith explicó que, aunque LUMA calcula los consumos permitidos bajo CILT, no genera facturas por los excesos debido al volumen y a las limitaciones del sistema. La comisionada del Negociado, Lillian Mateo preguntó si, bajo ese escenario, los municipios podrían estar consumiendo más de lo permitido sin pagarlo.
Sin embargo, Smith aseguró que los municipios no están siendo facturados en su totalidad. “No están siendo facturados”, dijo.
Más adelante, el comisionado Ferdinand Ramos presionó a LUMA sobre cómo puede reconciliar anualmente los costos del CILT si existe un exceso que no se factura. Smith reiteró que el total agregado del CILT puede calcularse, pero no así la facturación individual por las más de 12,000 cuentas municipales activas, lo que requeriría 12,000 facturas manuales cada mes.
“Y eso actualmente no se está haciendo”, continuó Smith.
Además, Smith reconoció que LUMA desconoce la magnitud del consumo en exceso acumulado desde 2021.
La falta de información impidió que el Negociado pudiera evaluar si ese dinero—si se recuperara—debería usarse para ajustar la propuesta tarifaria. Hempling planteó directamente si esos ingresos no cobrados podrían considerarse “dinero encontrado” que eventualmente se traduzca en alivios al consumidor.
Durante la discusión, surgió también si LUMA podría facturar los fondos debidos retroactivamente una vez se corrija el sistema, pero Smith advirtió que la empresa está limitada por ley a un periodo de 120 días.
A preguntas del abogado de los bonistas, Corey Brady, Smith confirmó que, mientras más tiempo continúe el problema, más ingresos pierden LUMA y la AEE.
El Negociado adelantó que ordenará información adicional para determinar el monto total de consumo no facturado y evaluará tendrá efecto en el próximo requerimiento de ingresos.