El vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes Alfonso, denunció este miércoles que “nuestra economía y seguridad alimentaria dependen de unas pocas empresas con poder monopolístico, que operan prácticamente sin supervisión ni fiscalización gubernamental”.
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Sus expresiones fueron vertidas en vista pública al amparo de la Resolución de la Cámara 195, bajo la cual la Comisión de Asuntos Federales y Veteranos de la Cámara de Representantes- que preside el representante José Aponte Hernández- investiga entre otros asuntos, el aumento anunciado por parte de la empresa Tote Maritime en la tarifa por contenedor de $425 a $485 dólares, efectiva desde el 8 de diciembre.
Asimismo, se estableció un aumento de $10 por autos y $13 dólares por cada dos mil libras de carga suelta.
El ejecutivo de la industria de alimentos señaló que “en Puerto Rico vivimos en la oscuridad respecto a los costos reales, el resultado es que ni el gobierno, ni el sector privado saben cuánto cuesta realmente mover nuestra economía por mar, a pesar de que eso lo impacta todo, desde nuestra materia prima para producir, hasta lo que comemos”.
A preguntas del representante Aponte Hernández, el deponente no pudo ofrecer datos sobre el costo del servicio marítimo y en los terminales ubicado en la bahía de San Juan, ya que “Puerto Rico no tiene estadísticas oficiales de ninguno de estos servicios”.
El deponente narró que en la actualidad “cuando un importador se sienta a negociar con un naviero, solamente conoce los precios de su contrato vigente y carece de datos del mercado para analizar si está haciendo una buena negociación. Así es imposible que el mercado funcione”.
De igual forma, calificó como “el peor escenario posible” la falta de datos y la falta de competencia que existe en el mercado local, ya que da paso a que las empresas tomen ventaja de la situación.
Destacó que, aparte de las leyes de cabotaje, “existe una amalgama de agencias y regulaciones con jurisdicción compartida o en algunos que ocupan el campo. Esto ha provocado inacción y confusión en los procesos”.
Entre las agencias mencionadas se encuentran el Departamento de Justicia Federal, el Federal Maritime Commission (FMC), el Surface Transportation Board (STB) y la Autoridad de los Puertos (AP), quienes, según el ejecutivo de MIDA, no están claros en su jurisdicción lo que produce “un choque de agencias y jurisdicciones, sumado a la falta de interés porque lo que ocurre en la Isla a nivel de los Estados Unidos, lo que obliga a que los verdaderamente interesados, el gobierno de Puerto Rico, tome cartas en este asunto”.
Por ello, recomendó “buscar la forma de generar estadística sobre el costo de transporte total y cómo eso va variando de año en año”, mediante acción legislativa que daría la potestad a dependencias como la AP, el Departamento de Hacienda (DH), el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) o la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia (DJ).
Reyes Alfonso expusó como ejemplo los modelos utilizados por el Shangai Containerized Freight Index y el Drewry Container Index, que publican mensualmente cómo esos costos van variando.
“Entonces, eso permite tener un punto de partida al gobierno como fiscalizador, para entonces determinar si hace falta alguna acción gubernamental, si hace falta intervenir en una investigación de monopolio”, planteó el ejecutivo.
Agregó que esto beneficia al sector privado “para poder negociar mejor las condiciones de ese contrato, porque tenemos un punto de partida. Ahora mismo, el que está negociando un contrato de transporte no tiene un punto de partida, no sabe cuál es el precio de ese servicio en términos de mercado”.
Autoridad de los Puertos contesta
Por su parte, el director ejecutivo de la AP, Norberto Negrón Díaz, puntualizó durante su comparecencia que “estamos evaluando distintas nuevas oficinas y reestructurar administrativamente la Autoridad, no solamente estamos evaluando una oficina de estadísticas y poder tener esta información, sino también contar con una oficina de cumplimiento para atemperarla al Puerto Rico del 2025”.
“Es importante mencionar que tiempos recientes la AP ha experimentado una merma de 130 empleados que se beneficiaron de la Ley 80 y se retiraron, esto ha causado tal vez un retraso en los procesos y en los sistemas. En los pasados once meses- y agradezco al equipo de trabajo de la Autoridad- hemos identificado maneras de utilizar los mecanismos digitales más modernos y acuerdos colaborativos con entidades para poder levantar esta data que es tan crucial”, aclaró el funcionario.
El licenciado informó que ya tienen datos sobre la carga aérea que llega a la Isla, pero reconoció que “podemos mejorar en el aspecto de tener estas estadísticas disponibles, por lo que estamos evaluando tener una oficina como esta y evaluamos crear distintas otras áreas que va a mejorar la operación y el funcionamiento de la Autoridad de los Puertos”.
Así también afirmó que la AP se encuentra en conversaciones con JAXPORT, autoridad de los puertos que opera en el muelle de Jacksonville, Florida, y transporta gran parte de la carga que llega a Puerto Rico, con el fin de “intercambiar información, conocer sus metodologías y adoptar mejores prácticas que puedan ser aplicables a nuestra realidad operacional”.
En torno a la eliminación del contrato de escaneo en los muelles, anunciado por la gobernadora Jenniffer González Colón, el pasado 26 de agosto, Negrón Díaz dijo que debido a que la AP se encuentra envuelto en un pleito civil con la compañía S2PR, no puede utilizar a las agencias de ley y orden para que la empresa salga del predio en donde están ubicados, ya que no se considera una acción criminal.
Mientras, el presidente de la comisión cameral anunció en la vista pública la radicación de una medida para cambiar la titularidad del muelle que se conoce como Navy Frontier, que está bajo la jurisdicción de la Autoridad del Distrito de Convenciones a la AP, de modo que exista espacio disponible en momentos de emergencia para traer carga esencial.