Luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón, confirmara la radicación de un recurso legal para declarar nulo el contrato de la empresa LUMA Energy, varios funcionarios reaccionaron a la determinación.
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El primero fue el comisionado residente y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, quien indicó que apoya la medida tomada, aunque criticó la tardanza por parte del gobierno para tomar acción.
“Apoyo la cancelación del contrato de LUMA como paso para lograr un sistema de energía más barato, estable y sostenible para los puertorriqueños. Solo lamento que el Gobierno haya tardado tanto en radicar la demanda,” expresó el comisionado residente en declaraciones escritas.
En la misma línea, el secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame, señaló al gobierno por “llegar tarde” para tomar acción en contra de la empresa encargada del sistema de transmisión y distribución.
“La gobernadora tardó 343 días en demandar a LUMA. En contraste, las delegaciones del PPD radicaron legislación para presentar una demanda en los tribunales en enero de 2025. Una vez más, el Partido Nuevo Progresista (PNP) llega tarde. Llama la atención que fue bajo el PNP que se aprobó la extensión del contrato de LUMA que ahora este gobierno quiere declarar nulo, y fue el hoy zar de la energía quien lo extendió cuando fue director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el 2022. En el PPD respaldaremos toda acción que sea necesaria para cumplirle al país y sacar a LUMA, para que los puertorriqueños podamos tener finalmente un servicio eléctrico eficiente y a bajo costo”, añadió.
Gobierno radica demanda para declarar nulo el contrato de LUMA Energy
El gobierno de Puerto Rico radicó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, mediante la cual se impugna la extensión del contrato temporal de la empresa LUMA Energy.
La gobernadora Jenniffer González confirmó la información mediante un mensaje especial difundido esta noche a través de las redes sociales y medios de comunicación.
“Luego de tantas promesas de cambios que me representaron a mí y a mi equipo de trabajo, no han cumplido con ninguna de ellas”, dijo Jenniffer Aydin González Colón. La mandataria afirmó que sostuvo múltiples reuniones durante el año con los ejecutivos locales de LUMA y con los altos directivos de las compañías matrices de la empresa.
“Este análisis reveló deficiencias en el desempeño que no podían ser ignoradas y expuso un proceso de extensión contractual que violó requisitos esenciales de ley”, añadió.
González Colón explicó que el gobierno presentó una demanda de sentencia declaratoria e injunction preliminar ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan para que se declare nula la extensión del 2022 y se establezca una transición ordenada.
“Presenté además un recurso ante el Tribunal Supremo para que atienda con urgencia los asuntos legales y de alto interés público implicados en este caso”, señaló.
La gobernadora indicó que la notificación de disputa técnica presentada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas identificó seis áreas específicas de incumplimiento, pero LUMA abandonó el proceso pactado y acudió al Tribunal Federal.
“En lugar de permitir que el mecanismo contractual siguiera su curso, LUMA se fue al foro federal y dejó a Puerto Rico sin una adjudicación clara sobre estos incumplimientos”, expresó.
González Colón mencionó que la Carta de Extensión fue aprobada sin el voto afirmativo de la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y sin la aprobación del Negociado de Energía.
“Esa extensión consolidó un control indefinido a favor de un operador privado sin el andamiaje de supervisión originalmente concebido”, afirmó. También sostuvo que la empresa retiene información fiscal necesaria para completar los estados financieros auditados del gobierno. “Esto es como un intento de que la Junta no se vaya, aguantando la información fiscal del Estado”, agregó.
La gobernadora recalcó que su decisión se fundamenta en la estabilidad del sistema eléctrico, la protección de los trabajadores y el respeto al Estado de Derecho.
“Mi objetivo es restaurar el marco legal que le permita al gobierno recuperar su capacidad resolutoria y establecer métricas de desempeño exigibles”, dijo. Señaló igualmente que la administración mantendrá la continuidad del servicio y trabajará en coordinación con las agencias pertinentes para garantizar una transición ordenada.
“Las actuaciones de LUMA, su mal servicio y su falta de interés en resolver los señalamientos hacen que no tengamos otra alternativa que recurrir a los tribunales”, expresó la mandataria. Añadió que ya se evalúan posibles candidatos para un nuevo modelo de operación. “Necesitamos un operador capaz de responder con sentido de urgencia, rendir cuentas con transparencia y administrar responsablemente los recursos públicos y federales destinados a la reconstrucción”, puntualizó.