Han pasado más de dos semanas desde el cierre de la sesión legislativa y la Gobernadora Jenniffer González Colón tiene en su escritorio una decisión que definirá su legado en la gobernación como uno donde se legisló para mejorar el gobierno y la calidad de vida a uno donde se quitaron derechos fundamentales y se redujo la democracia.
El liderato de la legislatura ha decidido actuar, en su primer año este cuatrienio, como uno revanchista, autoritario, antidemocrático y sin el más mínimo interés de evaluar con toda la información necesaria las implicaciones de sus propuestas para garantizar el mejor marco legal para el pueblo.
El Proyecto del Senado 63, que reduce sustancialmente la transparencia gubernamental y el Proyecto del Senado 504, que tiene el efecto de privar a las mujeres de autonomía sobre su maternidad, son dos medidas que representan un gran retroceso en nuestro marco legal y no fueron propuestas en el plan de gobierno del PNP ni de Jenniffer González.
Un buen gobierno debe facilitar el acceso a información pública, no limitarlo. El PS 63 son enmiendas anti-transparencia y un terrible retroceso a la propia política pública aprobada por el PNP en el 2019. Siendo el acceso a información un derecho de rango constitucional, esta medida pondría a Puerto Rico como una de las jurisdicciones con peor marco jurídico, comparable solo con países poco democráticos.
Por su parte, el Proyecto del Senado 504, es un terrible error jurídico que sólo tendrá el efecto de limitar el derecho a la salud y autonomía de las mujeres.
Una medida que no fue compromiso de campaña ni solicitada por nadie de la clase médica o jurídica, ni siquiera se citó a las facultades de derecho o medicina en el análisis.
Ante el desasosiego de lo que esta medida implica para nuestro marco legal, 58 profesores y profesoras de Derecho pidieron a la gobernadora vetar esta medida. Sus promotores afirman que dicho proyecto solo busca clarificar el Código Civil y hasta el mismo Departamento de Justicia afirmó que de aprobarse sería un cambio sustancial a lo que existe actualmente.
La exposición de motivos afirma ampliar los derechos de la niñez y proteger la vida, cuando el resultado será todo lo contrario. Reconocer personalidad jurídica al “no nacido” en otros lugares solo ha tenido el efecto de criminalizar la maternidad imponiendo cargas y limitando la capacidad del médico y la mujer embarazada de decidir sobre su proceso de embarazo, tanto o más, que limitando el derecho a terminar un embarazo no deseado. Cientos de mujeres embarazadas han sido detenidas y llevadas a corte por legislación como esta y otras desisten de la maternidad por los problemas que implican.