El Overseas Press Club (OPC) repudió la tarde del domingo la decisión de la gobernadora, Jenniffer González Colón, de firmar el Proyecto del Senado 63 (PS 63), que enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.
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La organización periodística denunció que la medida limita el derecho constitucional de acceso a la información y obstaculiza la labor de fiscalización de los periodistas en Puerto Rico.
Más de 50 organizaciones en Puerto Rico, así como prestigiosas entidades internacionales de periodismo y transparencia, habían solicitado a la mandataria vetar el PS 63 debido a las restricciones que impone al acceso a la información pública.
Sin embargo, González Colón no se reunió con los líderes de estas organizaciones, ni con gremios periodísticos que desde el 19 de noviembre habían solicitado una cita.
Wilma Maldonado Arrigoitía, presidenta del OPC, señaló en declaraciones escritas: “Al firmar este proyecto, la gobernadora envía el mensaje de que, al igual que los líderes legislativos, quiere poner trabas a la fiscalización y al acceso a la información o que le faltó liderato para enfrentar al autor de esta medida que es el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz”.
El repudio del OPC se suma a una serie de críticas hacia la administración de la primera ejecutiva por prácticas que, según la organización, han afectado el derecho a la información, como negar datos públicos obligando a medios y periodistas a recurrir al Tribunal, imponer requisitos de identificación de prensa otorgada por el Departamento de Estado para cubrir conferencias, y mantener parte del calendario oficial oculto para ciertos medios.
“Tras casi un año en La Fortaleza, la Gobernadora no ha anunciado quién ocupa el cargo de secretaria o secretario de Prensa y los periodistas solo han asumido que el puesto recae en Marieli Padró”, agregó el OPC.
Asimismo, destacaron que, dentro del paquete de medidas que firmó la gobernadora, se encuentra la Ley 152-2025, que busca “reducir significativamente el gasto público, que el gobierno sea ágil, eficiente y menos burocrático, y que mejore sustancialmente la prestación de servicios al pueblo”, aseverando que el PS 63 establece un proceso que “es contrario a todo lo descrito”.
“La gobernadora, sus jefes de agencia, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, los alcaldes y la Rama Judicial deben saber que a pesar de los obstáculos que pongan al acceso a la información, los periodistas haremos nuestro trabajo y conseguiremos los datos por las vías que sean necesarias incluyendo la corte y las fuentes de información. El trabajo de fiscalización y el derecho para saber no lo detendrán con leyes como esta ni acciones arbitrarias”, añadió Maldonado Arrigoitía.
El OPC también hizo un llamado a los funcionarios públicos de carrera a mantener su compromiso con el manejo ético y legal de los haberes públicos, y a denunciar cualquier práctica irregular que detecten ante la prensa.