El zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Josué Colón, aseguró que el gobierno ya ha sostenido reuniones y conversaciones formales con posibles operadores para sustituir a LUMA Energy, en el contexto de la demanda radicada que declara nula la extensión de 2022 desde su origen.
Colón informó en entrevista con Metro Puerto Rico que estos acercamientos se han dado de manera confidencial y paralela al proceso legal, como parte de los esfuerzos del gobierno para garantizar continuidad en un servicio esencial mientras se dirime la controversia en los tribunales.
Según explicó, no se trata de expresiones vagas de interés, sino de intercambios directos con compañías que cuentan con experiencia en la operación de sistemas eléctricos comparables al de Puerto Rico. Añadió que las conversaciones han incluido empresas de distintos tamaños, todas con peritaje técnico, y que incluso en semanas recientes se han celebrado nuevas reuniones con ese fin.
“La realidad es que sí, nosotros hemos tenido conversaciones con otras compañías, con otros consorcios, que tienen experiencia y operan y manejan y mantienen sistemas eléctricos como el de Puerto Rico, en jurisdicciones de los Estados Unidos (…) Hay compañías más grandes, más pequeñas, pero sí hemos podido corroborarlo con contactos directos”, afirmó el zar.
El funcionario subrayó que el interés del mercado existe y rechazó la noción de que no haya apetito para asumir la operación del sistema eléctrico del país. A su juicio, el hecho de que se trate de un sistema complejo y de alta responsabilidad reduce el universo de posibles candidatos, pero no lo elimina.
En ese sentido, reiteró que cualquier proceso eventual deberá realizarse conforme a la ley y mediante un mecanismo competitivo.
No obstante, mientras el gobierno afirma que ya explora opciones concretas, abogados expertos en energía han levantado cuestionamiento de que si el tribunal valida el planteamiento de nulidad de la extensión contractual firmada en 2022, podría no existir un contrato vigente que regule el proceso de transición a un nuevo operador.
No obstante, el zar de Energía precisó que ese escenario fue identificado con antelación, razón por la cual la demanda del gobierno solicita la imposición de “remedios interdictales” con el fin de asegurar una transición “urgente y efectiva” en la operación del sistema eléctrico.
¿Quiénes podrían sustituir a LUMA?
En octubre, la gobernadora Jenniffer González confirmó que más de tres compañías estadounidenses habían mostrado interés en administrar el sistema eléctrico, aunque evitó divulgar nombres o procedencia.
“Ha habido varias conversaciones, más de una”, indicó la mandataria al ser cuestionada por la prensa.
Mientras, diversos analistas también plasmaron a la cooperativa Electricoop y a la compañía matriz de LUMA Energy, Quanta Services Solutions.
Sin embargo, Colón descartó ese escenario al asegurar que ninguna de las compañías con las que el gobierno ha sostenido conversaciones pertenece al consorcio actual.
“No es ninguno de los que se ha hablado con, afirmó a Metro.
Más allá de listas de posibles empresas, el abogado experto en energía y exlegislador Ramón Luis Nieves advirtió que la nueva oportunidad para proceso no debe repetir los errores del pasado.
“Puerto Rico, si va a buscar a un operador privado, no debe ser una compañía que no existe, que se monte para coger este contrato. Eso no puede pasar”, sostuvo, al recordar que tanto LUMA como Genera PR fueron creadas específicamente para administrar contratos energéticos en la isla.
Asimismo, destacó que aún hay oportunidad para regresar a un modelo público reformado. Nieves recordó que entre 2014 y 2016 se aprobó legislación que estableció un andamiaje para una operación pública profesionalizada, con una junta independiente y un regulador energético robusto.
“Eso estaba creado. El problema es que nunca se ejecutó porque se privatizó rápido”, explicó.
Precisamente, el zar de energía evitó catalogar el regreso a la corporación pública” como una oportunidad, sino que solo se “rige” por las leyes aún vigentes.
“Lo que se está ejecutando es conforme a las leyes que hay vigentes de transformación del sistema eléctrico, y nosotros estamos en la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, actuando conforme a ese escenario, y así continuaremos hasta lograr la salida del operador que no ha cumplido”, dijo.
Otros expertos en el tema energético advierten que el proceso para identificar y contratar a un operador sustituto no es inmediato ni sencillo, aun cuando exista interés en el mercado.
El analista político y exlegislador, Jorge Colberg Toro señaló que cualquier cambio de operador está sujeto a un andamiaje legal estricto que no puede activarse de forma informal ni paralela al pleito sin cumplir con los pasos que exige la ley.
Colberg explicó que la Ley de Alianzas Público-Privadas establece un procedimiento específico que comienza con la constitución de un comité formal y continúa con un proceso de cualificación, licitación y negociación.
“Esto no es como que yo llamo al que me gusta o al que conozco. La ley establece un procedimiento riguroso, primero para cualificar compañías y luego para pedir propuestas”, afirmó.
Añadió que el proceso completo para seleccionar a LUMA tomó aproximadamente tres años, lo que ilustra la complejidad de repetir ese ejercicio en medio de un litigio activo. “El proceso de selección de LUMA tardó tres años. Esto no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana”, sostuvo Colberg.
Colberg también planteó una de las interrogantes centrales del pleito: si el tribunal determina que la extensión contractual es nula, no necesariamente existiría una obligación legal de transición por parte de LUMA.
“Si el contrato es nulo, pues técnicamente LUMA no tiene una obligación en ley de llevar a cabo la transición”, indicó.
En esa misma línea, el abogado Rolando Emmanuelli coincidió en que la discusión sobre posibles sustitutos no puede desligarse de la complejidad técnica y operacional del sistema eléctrico de Puerto Rico. Recordó que LUMA necesitó cerca de un año y decenas de millones de dólares para familiarizarse con la red eléctrica del país.
“Eso te da una idea de cuán complejo es que un operador que no conoce el sistema venga a enterarse de cómo funciona lo que hay aquí”, expresó.
Emmanuelli advirtió, además, que la experiencia acumulada en la operación del sistema reside principalmente en el personal local y no en consorcios externos.
“Aquí quien único tiene ese conocimiento acumulado son los exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica”, continuó el abogado, al sugerir que cualquier nuevo operador incorpore en su estructura gerencial a personal con experiencia previa en la corporación pública.
Más allá de nombres, el modelo
Para Emmanuelli, más allá de los nombres que se mencionan en el debate público, el reto principal radica en definir con claridad el modelo contractual que el gobierno busca y los intereses que se pretenden proteger.
En esa misma línea, el abogado Jorge Colberg Toro sostuvo que la discusión no puede centrarse únicamente en identificar una empresa sustituta, sino en determinar qué tipo de modelo quiere implantar el gobierno y qué nivel de responsabilidad estaría dispuesto a asumir.
“Pero más allá de todo esto, para que entiendas cuál sería el modelo que tú planteas, en términos de empresa, pues yo no sé cuál es la empresa, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que el gobierno pida, cuál es el tipo de responsabilidad que quiere”, expresó.
Colberg explicó que uno de los escenarios posibles sería un modelo híbrido, en el que el gobierno retome mayor control sobre el sistema mientras un operador privado ejecuta ciertas funciones, aunque advirtió que ese enfoque no está exento de obstáculos legales y fiscales.
“Si tú quieres hacer una especie de híbrido, que es que el gobierno asuma las responsabilidades y ellos controlan y la empresa ejecute, que es un modelo que ha habido en otras jurisdicciones, hay que ver si la Junta de Supervisión la autoriza, si los bonistas lo van a objetar”, indicó.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, el zar de Energía aseguró que el andamiaje jurídico para contratar un operador privado no ha cambiado desde que se adjudicó el contrato a LUMA.
“Las leyes que están vigentes o que estaban vigentes cuando el operador se contrató son las mismas que hay ahora. Por lo tanto, el andamiaje jurídico es el mismo”, afirmó.
Según explicó, la política pública actual no persigue eliminar los contratos de alianzas público-privadas, sino atender un caso específico de incumplimiento.
“Lo que se persigue en este momento (…) es que el operador que se comprometió e hizo representaciones de expertos que tenían capacidades sin igual (…) por los pasado cinco años, ya está más que corroborado y comprobado que no cumplieron”, continuó Colón.
De cara al futuro, el zar planteó que el objetivo del gobierno es contratar un nuevo operador privado que tenga la capacidad de atender los mismos retos que existían cuando se adjudicó el contrato en 2020, particularmente la confiabilidad, eficiencia y transformación del sistema eléctrico.
“Lo que persigue la administración es terminar con ese problema de falta de cumplimiento… y que se pueda contratar a un nuevo operador privado que sustituya a ese que no cumplió”, finalizó.