La administración de la gobernadora Jenniffer González Colón presentó ante el Tribunal Superior de San Juan un recurso de sentencia declaratoria contra LUMA Energy LLC, en el que solicita que se declare nula, inválida y sin efecto jurídico la Carta de Extensión del 30 de noviembre de 2022.
Este recurso es el mismo al presentado previamente por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aunque en esta ocasión, figura la gobernadora como parte demandante.
La nueva acción judicial se radicó horas después de que el Tribunal de San Juan paralizara los procedimientos del primer pleito de nulidad, luego de que LUMA notificara la remoción del caso al Tribunal Federal, alegando que la controversia debía atenderse como parte del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo el Título III de PROMESA.
En el escrito, el Gobierno pide al Tribunal que reconozca que, como consecuencia de la invalidez de esa extensión, el Supplemental Agreement y el contrato de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución (T&D OMA) quedaron terminados automáticamente el 30 de noviembre de 2022, al expirar el periodo interino de dieciocho meses sin una prórroga válida conforme a ley.
Además, solicita que se declare que LUMA mantiene la obligación contractual de colaborar en una transición ordenada del sistema eléctrico, lo que incluye la entrega de datos operacionales, expedientes, sistemas, así como la coordinación de personal, según lo dispuesto en el propio contrato.
El Gobierno también pidió que el Tribunal ordene cualquier remedio adicional necesario para proteger el interés público y garantizar una transición ordenada, “transparente y segura del sistema eléctrico” de Puerto Rico.
Como parte de sus argumentos, el Gobierno sostuvo que la Carta de Extensión de 2022, mediante la cual se pretendió extender indefinidamente el contrato interino de LUMA, es nula y contraria a derecho. Alegó que dicha extensión eliminó ilegalmente el término fijo de dieciocho meses del acuerdo suplementario y lo sustituyó por un plazo indefinido condicionado al arbitrio exclusivo de LUMA.
Según el recurso, esa actuación viola la Ley de Alianzas Público Privadas (Ley 29), la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico (Ley 120) y disposiciones del Código Civil. El Gobierno expone que la Carta de Extensión no fue aprobada válidamente por la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), careció del voto afirmativo de los representantes del interés público, no obtuvo el Certificado de Cumplimiento Energético del Negociado de Energía y nunca fue sometida a la aprobación legislativa ni contó con el aval de la Gobernadora, como exige la ley.
Asimismo, el recurso planteó que la extensión constituye un acto ultra vires, al exceder la autoridad delegada a la AAPP y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), invadir prerrogativas constitucionales del Ejecutivo y comprometer fondos públicos sin salvaguardas ni métricas de desempeño.