El Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Carolina ordenó este martes a la Policía de Puerto Rico entregar en un plazo de 48 horas información sobre los gastos y la justificación de la escolta asignada a la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, tras acoger una solicitud de información pública.
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La petición fue presentada por el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Torres.
“Se declara No ha lugar la solicitud de Reconsideración presentada por el Estado [Entrada 8 en SUMAC]. Se ordena al Estado a que en 48 horas provea a la parte recurrente y así acredite al tribunal, el gasto anual en peajes y mantenimiento referentes a los vehículos asignados a la Lcda. Wanda Vázquez Garced“, lee la resolución.
Asimismo, el foro judicial dispuso que el Estado deberá entregar, también en un plazo de 48 horas, una copia certificada del informe que contiene la recomendación de mantener las escoltas a la convicta.
“De igual manera, se ordena al Estado a que en 48 horas provea copia certificada del informe sobre la recomendación de mantener las escoltas a la Lcda. Wanda Vázquez Garced al tribunal para ser evaluado en cámara”, agrega.
La documentación deberá ser remitida a la jueza, Gloria De Jesús Machargo, quien evaluará si es confidencial o no, como había argumentado la Uniformada.
Vázquez Garced se convirtió en la primera exgobernadora convicta en la historia de Puerto Rico, luego de aceptar culpabilidad por un delito menor bajo la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA), como parte de un acuerdo negociado con la Fiscalía federal en Washington D.C. que permitió descartar cargos más graves.
El cargo específico fue aceptar y recibir aportaciones de un extranjero para fines de campaña política, lo cual está prohibido por la FECA.
Como parte del proceso, también se declararon culpables sus coacusados, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI Mark Rossini, quienes admitieron responsabilidad por canalizar y ofrecer aportaciones extranjeras ilegales a campañas políticas, en violación a la misma ley.
La vista de sentencia está programada para el próximo 8 de enero en el Tribunal federal de Hato Rey, en San Juan.