Un tribunal federal de apelaciones ha autorizado este miércoles el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC, una medida impulsada por la Administración del presidente Donald Trump para combatir la criminalidad en la capital, pese a que las autoridades locales niegan que exista una situación alarmante.
El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones para el Circuito de DC acordó suspender de forma indefinida una orden de un tribunal inferior que obligaba al Ejecutivo a retirar a los militares de las calles, al considerar inicialmente que el despliegue era ilegal.
La jueza Patricia Millett argumentó que una retirada inmediata provocaría un “profundo nivel de perturbación” en la vida de miles de miembros del servicio que ya han permanecido desplegados durante cuatro meses. Además, subrayó que, dado que el Distrito de Columbia es un distrito federal creado por el Congreso, y no una entidad soberana como los 50 estados, el presidente posee un “poder único” para movilizar a la Guardia Nacional.
No obstante, el panel expresó serias dudas sobre la posibilidad de desplegar fuerzas de la Guardia Nacional en otros estados sin su consentimiento. “Desplegar una Guardia Nacional de otro estado en un estado que no da su consentimiento para realizar tareas de aplicación de la ley sería constitucionalmente problemático”, advirtió el tribunal.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, celebró el fallo como “otra importante victoria judicial” para la Administración Trump y aseguró que el Gobierno seguirá defendiendo su agenda. Según Bondi, el refuerzo federal en Washington DC ha permitido retirar “cientos de armas ilegales” de las calles y ha contribuido a una “caída drástica” de la delincuencia.
En noviembre, la jueza federal de distrito Jia Cobb, designada por el expresidente Joe Biden, dictaminó que el despliegue era ilegal al considerar que el uso de la Guardia Nacional para misiones de disuasión del crimen excedía la autoridad federal.
El Tribunal Supremo deberá pronunciarse próximamente sobre el despliegue en Chicago, mientras continúan abiertos varios frentes judiciales sobre esta medida, intensificados tras un tiroteo ocurrido el mes pasado en el que murió una agente.