Organizaciones y manifestantes repudiaron durante una protesta la complicidad del Consulado General de la República Dominicana en Puerto Rico con las políticas antimigrantes, abusivas y discriminatorias de la administración Trump, en el contexto del Día Internacional del Migrante, que se celebra este jueves.
El grupo de organizaciones que promueve la campaña Migrar es un Derecho denunció que, lejos de ofrecer protección real a la comunidad dominicana residente en el archipiélago, el consulado ha adoptado un rol que normaliza la persecución y el miedo.
Portavoces de Comuna Caribe, Amnistía Internacional Puerto Rico, Kilómetro 0 y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, subrayaron que, en momentos en que Estados Unidos vive una de las campañas de represión migratoria más agresivas en décadas, el deber de cualquier representación consular debe ser defender a su gente con firmeza, denunciar las violaciones de derechos y garantizar acompañamiento a quienes enfrentan persecución estatal.
“Pero ese no ha sido el mensaje del consulado dominicano que, en su lugar, ha optado por evadir la realidad de discriminación y violencia institucional que experimenta la comunidad que representa, legitimando prácticas federales y locales que han sido señaladas por múltiples organizaciones como violatorias de derechos humanos”, expresó Hilda Guerrero, portavoz de Comuna Caribe.
El consulado ha fallado en establecer mecanismos sólidos de apoyo, en proveer información clara sobre derechos, en denunciar públicamente las redadas indiscriminadas y en acompañar a las familias afectadas. En su lugar, ha emitido un mensaje que refuerza la criminalización y contribuye a un clima de temor generalizado.
“Mientras la administración Trump intensifica su maquinaria de persecución, el consulado dominicano elige alinearse con los mismos mecanismos que están destrozando vidas y familias. Eso no es protección consular, es abandono institucional”, señaló, por su parte, Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
Las expresiones y acciones recientes del consulado dominicano tienen el efecto de invisibilizar el hecho de que las personas dominicanas en Puerto Rico enfrentan perfiles raciales, detenciones arbitrarias, uso excesivo de fuerza y barreras en el acceso a representación legal. A la luz de este historial, pedir “colaboración” con organismos que han demostrado patrones sistemáticos de abuso es peligroso y contradice las obligaciones internacionales que tienen las representaciones diplomáticas.
“Exhortar a una comunidad migrante a confiar ciegamente en agencias con antecedentes de discrimen y brutalidad no es orientar, es exponer a esa comunidad a un riesgo aún mayor”, indicó Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0.
En el contexto del Día Internacional del Migrante, fecha establecida por la ONU para promover la dignidad y la justicia de todas las personas que se desplazan, este silencio institucional adquiere un peso aún mayor. La campaña Migrar es un Derecho reiteró que las misiones consulares tienen el deber de defender a sus nacionales, especialmente en momentos de crisis.
“Un consulado debe ser un refugio en tiempos de persecución, no un reproductor del discurso que criminaliza a su propia comunidad. Cuando una institución abandona su rol de protección, la comunidad tiene el deber de denunciarlo”, sostuvo Liza Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico.
Las organizaciones sostuvieron que el Consulado General de la República Dominicana en Puerto Rico tiene el deber de emitir nuevas orientaciones basadas en derechos humanos, no en discursos de criminalización. Además, subrayaron la necesidad de establecer mecanismos claros y accesibles de apoyo y asistencia legal, especialmente durante operativos y redadas.
De igual modo, reiteraron que el consulado dominicano y cualquier otro cuerpo consular que represente comunidades de migrantes en Puerto Rico debe denunciar activamente los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por autoridades locales y federales contra personas migrantes, así como acompañar a las familias afectadas de manera inmediata y transparente, cumpliendo con su función consular.