El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico informó este lunes que se oponen al proyecto de ley firmado por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, que otorga personalidad jurídica al no nacido.
Lee también | Gobernadora niega que ley que otorga personalidad jurídica al concebido afecte derechos de las personas gestante
Según informó la organización profesional en declaraciones escritas, la decisión tendrá profundas consecuencias a nivel judicial que impactan el derecho a la salud y la familia, las sucesiones, los derechos de las mujeres y la autonomía personal.
Además, sostuvieron que con esta determinación, tanto al rama ejecutiva como la legislativa, han claudicado en su rol como generadores de normas racionales, necesarias y ordenadas apoyadas por la ciencia, el derecho y las ciencias sociales, para privilegiar enfoques de carácter dogmático y religioso.
“Frente a un proceso legislativo en opacidad y sin participación democrática, cuestionamos la necesidad y justificación de crear una nueva ley que, además de no considerar la posición del Departamento de Justicia y de decenas de profesores de Derecho, atenta contra la autonomía de las mujeres, particularmente cuando el derecho a la terminación de un embarazo sigue siendo legal en nuestro país. Más aún, afecta gravemente derechos en aspectos civiles, y derechos de naturaleza criminal, con consecuencias que no fueron evaluadas”, enfatizaron.
Por su parte, la presidenta del gremio legal, Vivian Godineaux Villaronga, señaló que “en apenas un año se han aprobado leyes que no responden a necesidades reales del país y que, en su conjunto, debilitan el Estado de Derecho y restringen libertades ganadas tras luchas centenaria”.
No obstante, abarcaron sobre la Ley de Libertad Religiosa presentada como Proyecto del Senado 1, mencionado que, lejos de fortalecer la libertad de creencias— ya protegida constitucionalmente— abre la puerta a la discriminación y a la negación de derechos en nombre de convicciones particulares, debilitando el principio de igualdad ante la ley, sin responder a una crisis real de libertad religiosa en Puerto Rico.
“Recordemos que en días recientes se aprobó la Ley 143 que convierte en delito cualquier alegada “interrupción” de una actividad religiosa, utilizando un concepto terriblemente amplio y ambiguo que pone en riesgo el ejercicio legítimo del disenso, la expresión, y la paz, sin atender una problemática documentada que requiriera una restricción tan severa de derechos constitucionales”, detallaron.
La entidad que agrupa a la clase legal también expuso que “es evidente que estas medidas no pueden analizarse de forma aislada. En su conjunto, reflejan un patrón preocupante de creación de problemas donde no los había, que termina justificando la reducción de derechos y alimentando discursos populistas que desatienden el rigor jurídico que exige el Estado de Derecho”.