El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, rechazó este martes el pronunciamiento de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en apoyo a LUMA Energy ante el Tribunal Federal y afirmó que el gobierno continuará defendiendo en los tribunales las demandas dirigidas a impugnar el contrato del operador privado del sistema eléctrico.
“Es lamentable que la Junta de Supervisión Fiscal se ponga del lado de LUMA luego de que el gobierno de Puerto Rico ha estado del lado de la gente. No nos sorprende, dada la imposición colonial que representa la Junta en Puerto Rico”, dijo Peña Payano en conferencia de prensa.
La Junta presentó mociones ante la jueza Laura Taylor Swain, para solicitarle que mantenga la jurisdicción de los casos presentados por el Gobierno de Puerto Rico contra LUMA Energy.
Según la Junta, las demandas del gobierno tienen el objetivo de devolver el sistema de transmisión y distribución a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), lo que sería contrario al Plan Fiscal. Además, entienden que manejar la controversia en los tribunales estatales provocaría un caos.
En consecuencia, la Sección 305(2) de PROMESA prohíbe que el Tribunal de Título III emita las órdenes solicitadas en las acciones civiles, ya que cualquier orden de ese tipo ‘interferiría’ con ‘la propiedad del deudor’.
“Para mantener coherencia con los Planes Fiscales de la AEE (actuales y anteriores), y dada la importancia del contrato de Transmisión y Distribución para la transformación y reestructuración de la AEE, la Junta entiende que las controversias actuales deben ser adjudicadas por el Tribunal de Título III y, conforme a la Sección 305 de PROMESA, la Junta consiente que dicho tribunal adjudique las reclamaciones planteadas y emita órdenes y sentencia en estos procedimientos adversativos”, dijo.
“De forma significativa, debido a que el Tribunal de Título III tiene jurisdicción exclusiva sobre toda la propiedad de la AEE, incluido el contrato de Transmisión y Distribución, ningún otro tribunal que no sea el Tribunal de Título III puede conceder el remedio solicitado en estas acciones civiles”, expuso la Junta Fiscal en su escrito.
Sobre lo que catalogaron como una movida del gobierno para regresar el control de las operaciones del sistema eléctrico de la AEE, expresaron que “para evitar cualquier duda, un retorno de las operaciones de transmisión y distribución a la ‘AEE tradicional’ como consecuencia de la terminación del OMA (que es lo que estos casos persiguen lograr) constituye un resultado inaceptable y contrario a la ley y a la política pública. Solo el Tribunal de Título III se encuentra en posición de coordinar una modificación o incluso la terminación del contrato de transmisión y distribución y su impacto en la reestructuración de la AEE, con el fin de evitar el caos y una catástrofe para el pueblo de Puerto Rico.”
Peña Payano indicó que, hasta donde conoce, La Fortaleza no había recibido notificación directa previa de la intervención de la Junta y que se enteraron por la cobertura mediática.
“De propia persona, ese conocimiento no me consta. Habría que ver si el equipo legal o AAFAF recibió alguna notificación”, expresó.
El funcionario también sostuvo que la determinación de entablar acciones legales contra LUMA responde a una evaluación del Gobierno para proteger al país, independientemente de la postura de la Junta.
“La gobernadora fue consistente. Tenemos un aval del pueblo mediante las urnas, y vamos a seguir la estrategia legal que sea en pro de la gente, más allá de que la Junta esté a favor o no”, afirmó.
Peña Payano descartó que la intervención de la Junta represente preocupación para el Ejecutivo, al señalar que en un caso similar durante el verano la jueza Taylor Swain falló a favor del Gobierno de Puerto Rico.
“No nos preocupa para nada. Ya lo hicieron antes y el tiempo nos dio la razón. Mientras sea estar del lado del pueblo, vamos a continuar”, concluyó.