La jueza federal Laura Taylor Swain concedió una extensión hasta el 21 de enero de 2026 para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y varios generadores privados de energía sometan un informe conjunto sobre cómo continuará un litigio relacionado con reclamaciones por pérdidas de ganancias bajo contratos de compra y operación de energía.
La determinación se da en el marco del proceso de quiebra de la AEE bajo el Título III de la ley PROMESA, y responde a una moción urgente presentada de forma conjunta y consensuada por la corporación pública y las empresas privadas involucradas.
El caso surge a raíz de una objeción de la AEE con la que impugnó reclamaciones presentadas por compañías que alegan haber sufrido pérdidas económicas vinculadas a sus contratos de generación eléctrica.
Entre las empresas involucradas figuran Elam, LLC, EIF PR Resource Recovery, GS Fajardo Solar, M Solar Generating y YFN Yabucoa, todas con contratos vigentes o previos con la AEE.
Orden judicial abrió la puerta al diálogo
En diciembre de 2025, la jueza Swain rechazó parcialmente la objeción presentada por la AEE y ordenó a las partes reunirse y dialogar para definir los próximos pasos en la adjudicación de las reclamaciones.
Como parte de ese proceso, los abogados de la AEE y de los generadores privados sostuvieron una reunión el 18 de diciembre, en la que acordaron que necesitaban más tiempo para intercambiar información, evaluar documentos y discutir posibles alternativas, incluyendo una eventual resolución negociada del conflicto.
Ante ese escenario, las partes solicitaron al tribunal una extensión del plazo originalmente fijado para someter el informe de estatus conjunto, petición que fue avalada por la jueza al concluir que existe justa causa y que el tiempo adicional favorece los intereses de todas las partes.
Con la extensión concedida, la AEE y los generadores privados deberán informar al tribunal, a más tardar el 21 de enero de 2026, cuál será la ruta a seguir en el caso, ya sea mediante litigio adicional o a través de un acuerdo entre las partes.
Este caso se suma a los múltiples frentes legales que enfrenta la AEE en medio de su proceso de reestructuración fiscal, en un contexto marcado por disputas contractuales con operadores privados y la fragilidad financiera del sistema eléctrico del país.