El portavoz de la delegación PPD en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, exigió hoy a la gobernadora Jenniffer González que firme la Resolución Conjunta de la Cámara 193 que ordena a LUMA Energy a cesar cualquier cobro por cargos relacionados con el Estudio Suplementario para mejoras a la red eléctrica.
“Dicho cargo asciende a $300 dólares por cliente conectado al sistema de placas solares. De acuerdo con datos que nuestra Delegación exigió al propio LUMA en conferencia de prensa el 3 de septiembre de 2025, más de 96,000 clientes residenciales están conectados a estos sistemas de energía alterna”, dijo el funcionario.
La semana pasada, El secretario delDepartamento de Asuntos del Consumidor(DACO),Hiram Torres Montalvo pidió espacio para que la gobernadora pueda evaluar la medida aprobada por la Legislatura y que se encuentra a la espera de su firma, reiterando que la postura del gobierno es a favor del consumidor.
La pieza legislativa en manos de La Fortaleza fue enviada a la mansión ejecutiva desde el 8 de diciembre de 2025 y todavía aguarda por la firma de González Colón. “No vemos razón alguna por la que se tenga que posponer de un trámite sencillo, como es la firma de la primera ejecutiva- en una medida que fue aprobada de forma unánime por ambos Cuerpos Legislativos”, expuso esta mañana el portavoz popular.
Para Hernández Ortiz, la actual es una oportunidad para que la Gobernadora le demuestre al País que está del lado de la gente y no del lado de LUMA Energy, como ha sido su comportamiento durante la estancia de dicho operador privado en Puerto Rico. El portavoz del PPD le recordó a la Gobernadora que por medio de la Ley 114-2007, según enmendada y conocida como la ‘Ley del Programa de Medición Neta en la Autoridad de Energía Eléctrica”, se estableció como política pública del Gobierno de Puerto Rico, que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), su sucesora o el contratante de la red de transmisión y distribución, llevaran a cabo un programa de medición neta, conocido en inglés como el ‘net metering’.
“Recordemos que este sistema se concibió con la idea de facilitar la interconexión a la red eléctrica y permitir la retroalimentación de electricidad a los clientes que instalen en sus hogares un equipo solar eléctrico o cualquier fuente de energía renovable que sea capaz de producir energía. Dicha política pública ha permitido que las familias y los negocios puertorriqueños puedan ahorrar en sus facturas eléctricas al acreditar a estos la energía limpia que generan con sus sistemas solares y que exportan a la red a través de fuentes renovables, como paneles solares. No puede ahora ni el Gobierno ni LUMA, pretenden cobrarle $300 a estas familias por el simple hecho de estar conectados a un sistema de energía renovable”, finalizó Hernández Ortiz.