La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico rechazó de forma categórica la ejecución de ejercicios militares en espacios públicos del archipiélago, tras el anuncio de la Reserva del Ejército de Estados Unidos de que realizará maniobras que incluyen desplazamientos por calles y zonas civiles de Puerto Rico.
La directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, la licenciada Annette Martínez Orabona, advirtió que la presencia militar en espacios civiles carece de justificación y representa un riesgo directo para los derechos constitucionales de la ciudadanía.
Según expresó, desde agosto de 2025 se ha observado un aumento sostenido de la presencia militar estadounidense en las costas y el espacio aéreo del archipiélago, situación que ahora se extiende a las vías públicas.
“No existe razón alguna que justifique la presencia militar en espacios civiles, desde las vías principales, hasta las plazas y cualquier otro espacio público”, sostuvo Martínez Orabona en declaraciones escritas.
Añadió que la organización hace un llamado urgente a la ciudadanía a “no normalizar” la presencia de soldados, vehículos y material militar en áreas de uso civil, al tiempo que alertó sobre los peligros que implica la militarización del país.
La ACLU recordó que Puerto Rico ya vivió por décadas una presencia militar similar en Vieques y Culebra, experiencias que —según indicó— estuvieron marcadas por múltiples violaciones de derechos humanos y cuyos efectos aún persisten. Martínez Orabona subrayó que fue precisamente ese historial lo que motivó una movilización amplia del país para poner fin a las prácticas de la Marina estadounidense en las islas municipio.
“El patrón de aumento de la presencia militar en el archipiélago evidencia una remilitarización sin precedentes (…) que ha convertido todo el territorio en una base militar flotante”, afirmó la directora ejecutiva, quien también vinculó estos desarrollos con la política actual del gobierno federal.
De acuerdo con la ACLU, la administración del presidente Donald Trump favorece la normalización de la policía militar como estrategia de control, una práctica que —según la organización— tiene como objetivo debilitar protecciones constitucionales fundamentales, particularmente la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda.