La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes anunció el comienzo vistas públicas sobre la Reforma Contributiva, en el salón de audiencias Severo Colberg Ramírez, conocido como Audiencias Número 1.
Según se indicó mediante un comunicado de prensa, las vistas comenzarán este miércoles, 14 de enero.
“Como he dicho antes, Puerto Rico necesita una reforma contributiva. La última fue hace 15 años atrás. Este proyecto de ley impactará a nuestra clase trabajadora, brindándoles una serie de beneficios que antes no tenían”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez en declaraciones escritas.
El líder cameral sostuvo que el proceso busca reducir la carga contributiva y adelantó que el análisis de la medida se realizará de forma profunda, rápida y transparente.
Para la primera vista, pautada a las 9:00 de la mañana, fueron citados los componentes fiscales del Ejecutivo, incluyendo el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.
“Nuestro presidente nos ha impartido las instrucciones sobre el proceso de evaluación de todos los parámetros asociados con el proyecto de la Reforma Contributiva 2026”, expresó Charbonier.
La legisladora indicó que el equipo de trabajo de la Comisión de Hacienda evaluará los beneficios a los contribuyentes, la capacidad fiscal y la viabilidad de la medida, dentro de un marco de responsabilidad fiscal.
Fortaleza envía a la Legislatura segunda parte de propuesta Reforma Contributiva
En el primer día de la nueva sesión ordinaria de la Legislatura, la gobernadora Jenniffer González remitió la segunda parte de su propuesta de Reforma Contributiva, dirigida a reducir la carga impositiva de la clase media y a introducir cambios estructurales en el sistema contributivo, con impacto previsto para el ciclo de radicación de planillas de abril.
Según el Ejecutivo, la medida propone duplicar la deducción por dependiente de $2,500 a $5,000, reducir las tasas contributivas aplicables a la clase media trabajadora sin eliminar beneficios vigentes y limitar la tasa marginal más alta, de 33%, únicamente a ingresos superiores a $150,000, lo que, de acuerdo con la administración, afectaría a menos del 0.2% de la población.