En el primer día de la nueva sesión ordinaria de la Legislatura, la gobernadora Jenniffer González remitió la segunda parte de su propuesta de Reforma Contributiva, dirigida a reducir la carga impositiva de la clase media y a introducir cambios estructurales en el sistema contributivo, con impacto previsto para el ciclo de radicación de planillas de abril.
Según el Ejecutivo, la medida propone duplicar la deducción por dependiente de $2,500 a $5,000, reducir las tasas contributivas aplicables a la clase media trabajadora sin eliminar beneficios vigentes y limitar la tasa marginal más alta, de 33%, únicamente a ingresos superiores a $150,000, lo que, de acuerdo con la administración, afectaría a menos del 0.2% de la población.
El proyecto también plantea la simplificación del sistema contributivo, mediante la eliminación de reglas consideradas complejas, con el fin de facilitar el cumplimiento y reducir costos administrativos.
La propuesta incluye, además, medidas de ahorro en el gasto público, que el Gobierno señala como base para viabilizar las reducciones contributivas sin afectar servicios.
El Ejecutivo presentó ejemplos de impacto fiscal estimado: un trabajador soltero con un dependiente y un ingreso anual de $23,768 pagaría $399 menos en contribuciones; una persona casada que rinde planilla separada, con tres dependientes e ingresos de $32,139, tendría un alivio de $505; y un contribuyente casado con un dependiente y salario anual de $55,370 se ahorraría $1,206.
“Con esta Reforma Contributiva le sobra más dinero a la clase trabajadora”, recalcó la gobernadora.
La gobernadora indicó que esta segunda fase se suma a una primera etapa de la reforma ya aprobada, compuesta por diez leyes de un total de catorce proyectos sometidos a la Legislatura. Entre estas se encuentran la Ley 64-2025, que amplía exenciones contributivas a entidades sin fines de lucro; la Ley 65-2025, que simplifica procesos en el Departamento de Hacienda y uniforma fechas de radicación para negocios; la Ley 66-2025, sobre exención a la contribución sobre ingresos por renta de propiedad residencial; y la Ley 67-2025, que concede exenciones a agricultores bona fide.
También forman parte de la primera fase la Ley 72-2025, que simplifica el cobro del IVU municipal a través del sistema SURI; la Ley 78-2025, que elimina el cobro del IVU a medicamentos recetados; la Ley 177-2025, que permite la creación de cuentas ABLE para personas con discapacidades; la Ley 178-2025, que aumenta la deducción por aportaciones a cuentas de ahorro educativo de $500 a $1,000; la Ley 179-2025, que incrementa la deducción permitida para cuentas IRA al nivel federal; y la Ley 180-2025, que establece exenciones a las ganancias de capital por la venta de la residencia principal.