Grupos de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitaron al tribunal federal que ordene a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) producir documentos y permitir deposiciones en el litigio relacionado con una reclamación por gastos administrativos que supera los $3,700 millones, al alegar que el ente fiscal ha ocultado información sobre ingresos netos generados por la corporación pública tras la quiebra.
En una moción para obligar el descubrimiento de prueba, los bonistas sostienen que los récords ordinarios de negocio de la AEE, preparados y mantenidos por décadas, reflejan ingresos netos pospetición en exceso de $3,700 millones hasta el año fiscal 2023, pero que la JSF intenta desacreditar esos datos mediante una metodología no divulgada que elimina dichos ingresos.
Según los acreedores, la Junta ha rechazado producir evidencia que explique cómo concluyó que la AEE no ha generado ingresos netos luego de acogerse al Título III, y ha objetado solicitudes dirigidas a examinar los cálculos históricos de ingresos, gastos corrientes y necesidades operacionales de la corporación pública.
Los bonistas también alegan que la JSF ha retenido información relacionada con miles de millones de dólares en reembolsos federales por proyectos de capital que, según plantean, fueron inicialmente financiados de forma indebida con colateral de los bonistas.
Como parte del remedio solicitado, pidieron acceso a documentos sobre las determinaciones históricas de ingresos netos y gastos corrientes de la AEE; los informes operacionales mensuales (Monthly Operating Reports o MORs); la base factual utilizada por la JSF para recalcular los ingresos; la cantidad de fondos federales provistos para proyectos y otros gastos; y los presupuestos anuales de la corporación pública desde que se radicó la quiebra bajo el PROMESA en julio de 2017.
En los documentos judiciales se indica que los MORs reflejan que la AEE acumuló cerca de $3,700 millones en ingresos netos hasta junio de 2023 y que alrededor de $2,000 millones fueron acumulados —pero no transferidos— al fondo de amortización destinado al servicio de la deuda en determinados periodos, según esos informes.
Los bonistas señalan que la AEE fue consistente y transparente en su reporte financiero hasta febrero de 2022, cuando los MORs dejaron de reflejar ciertas asignaciones, y que en julio de 2023 la corporación pública cesó la publicación de esos informes. No obstante, sostienen que los MORs continuaron preparándose internamente por la AEE y por LUMA Energy, al menos hasta mayo de 2025.
La controversia se atiende luego de que la jueza Laura Taylor Swain levantara parcialmente la paralización de litigios para evaluar disputas relacionadas con reclamaciones por gastos administrativos y el manejo de ingresos netos en la quiebra de la AEE. La magistrada indicó que, por el momento, atenderá el asunto con base en la documentación que presenten las partes, sin descartar la celebración de vistas si así lo estima necesario.
El eje de la disputa cobra relevancia tras una decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, que en 2024 concluyó que los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica mantienen un gravamen válido sobre los ingresos netos presentes y futuros de la corporación pública, aun dentro del proceso de quiebra bajo PROMESA. El foro apelativo determinó que esos ingresos netos —definidos como los ingresos luego de cubrir los gastos operacionales razonables y necesarios— constituyen el único colateral pactado contractualmente para el pago de la deuda, por lo que la forma en que se calculan resulta determinante para establecer cuánto, si algo, pueden reclamar los bonistas en el proceso de reestructuración.