El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-Yeol (EUROPA PRESS/E. Parra. POOL / Europa Press/Europa Press)
El equipo especial de fiscales a cargo del caso de insurrección contra el expresidente destituido Yoon Suk Yeol ha solicitado este martes la pena de muerte para el exmandatario en relación con la ley marcial decretada en diciembre de 2024, que le costó el cargo meses después.
Según los fiscales, Yoon lideró un proceso de insurrección al declarar la ley, que provocó el despliegue de tropas durante varias horas en las inmediaciones del Parlamento surcoreano y desató una grave crisis política interna. En su solicitud, argumentaron que Yoon fue responsable de “intentar socavar el orden constitucional al movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional”, constituyendo una “grave amenaza para la democracia” que justificaría la pena más severa prevista por la legislación del país.
El fiscal especial Park Eok Su afirmó que Yoon actuó “con el objetivo de mantenerse en el poder durante un largo periodo al hacerse con el control del poder judicial y legislativo”. “La naturaleza de este delito es grave y ha provocado la movilización de numerosos recursos que deberían haberse usado únicamente en interés nacional”, subrayó.
La petición se formuló ante el tribunal de distrito de Seúl y marca un punto de inflexión en uno de los procesos judiciales más polémicos de la historia de Corea del Sur. Yoon se convirtió en el primer presidente detenido e imputado mientras estaba en funciones.
Además de insurrección, el expresidente enfrenta cargos por abuso de poder y obstrucción a la justicia, y los fiscales sostienen que impuso la ley reservada para situaciones de guerra, emergencias nacionales o crisis graves. Yoon, por su parte, ha defendido la constitucionalidad y legalidad de sus actos, argumentos que han sido rechazados por la fiscalía.
Durante la jornada del 3 de diciembre de 2024, Yoon habría tomado medidas para arrestar a figuras políticas relevantes, entre ellos el entonces presidente del Parlamento, Woo Won Shik, y el líder opositor (actual presidente), Lee Jae Myung. Varios ministros y altos cargos de su Gobierno han sido imputados como cómplices por supuestamente instigar la insurrección.
Bajo el Código Penal surcoreano, el delito de liderar actos de insurrección prevé tres posibles penas: pena de muerte, cadena perpetua o cadena perpetua sin trabajos forzosos.
La solicitud de los fiscales ha generado reacciones en altos cargos y en el Partido Democrático (PD). Desde la Presidencia han indicado que esperan que la Justicia “tome las medidas adecuadas en base a la ley” y cumpla con las expectativas de la población. Por su parte, el portavoz del PD, Park Soo Hyun, resaltó que “los responsables de lo sucedido deben enfrentar la forma de justicia más severa por actos que podrían haber destruido el orden constitucional y la soberanía popular”.