El Tribunal Supremo de Estados Unidos concluyó este martes los argumentos orales en dos casos considerados históricos sobre los derechos de jóvenes transgénero a participar en deportes escolares, en un proceso que dejó ver señales claras de escepticismo por parte del ala conservadora del alto foro hacia las impugnaciones presentadas por organizaciones de derechos civiles.
El tribunal examinó los casos West Virginia v. B.P.J. y Little v. Hecox, que cuestionan leyes estatales de West Virginia e Idaho que prohíben a estudiantes transgénero competir en equipos femeninos de escuelas intermedias, secundarias y universidades públicas. Las demandas, presentadas por Lambda Legal, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Legal Voice, representan a dos atletas trans —Becky Pepper-Jackson, de 15 años, y Lindsay Hecox— excluidas por estas normativas.
Las abogadas y los abogados de las demandantes sostuvieron que las prohibiciones violan la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda y, en el caso de West Virginia, también el Título IX, que prohíbe la discriminación por sexo en programas educativos. Tribunales federales inferiores bloquearon la aplicación de ambas leyes mientras se resuelven los litigios.
Durante la vista, Sasha Buchert, directora del Proyecto de Derechos No Binarios y Transgénero de Lambda Legal, argumentó que negar la participación deportiva a estudiantes trans no solo constituye discriminación, sino que provoca daños documentados en su bienestar y autoestima. En la misma línea, Joshua Block, abogado principal del Proyecto LGBTQ & VIH de la ACLU, subrayó que el deporte escolar es un componente educativo y que obligar a una estudiante trans a competir en equipos masculinos “no es una opción real”.
Fuera del edificio del tribunal, cientos de personas se manifestaron en apoyo a las demandantes en una concentración titulada “Fight for the T in Team”, con la participación de jóvenes trans, atletas cisgénero, madres y padres, líderes religiosos, artistas y miembros del Congreso. Las organizaciones denunciaron que, desde 2020, al menos 27 estados han aprobado leyes que restringen la participación de jóvenes trans en deportes escolares, algunas de las cuales permiten mecanismos invasivos de “verificación de sexo”.
Las audiencias también sirvieron para exponer las consecuencias prácticas de estas políticas. En Florida, una jugadora de voleibol de 15 años enfrentó una investigación policial tras una denuncia anónima que derivó en un informe de 500 páginas sobre su historial médico y anatomía. En Utah y Maine, acusaciones similares desencadenaron amenazas de violencia contra adolescentes y sus familias. En Arizona, un estudiante cisgénero fue excluido del equipo masculino por un error administrativo en su certificado de nacimiento.
Sin embargo, la atención se centró en las intervenciones de los jueces conservadores, que sugirieron estar dispuestos a respaldar a los estados. Encabezados por Brett Kavanaugh y el presidente del tribunal, John Roberts, varios magistrados plantearon objeciones técnicas a los argumentos de las organizaciones LGBTQ y dejaron entrever la posibilidad de revocar los fallos de tribunales inferiores para que revisen nuevamente los casos.
Kavanaugh afirmó que existe un perjuicio para “la chica individual que no entra al equipo o no obtiene una medalla”, y sostuvo que ese daño “no puede pasarse por alto”, al tiempo que destacó el crecimiento del deporte femenino en las últimas cinco décadas como uno de los grandes logros sociales del país. Roberts, por su parte, expresó dudas sobre la aplicación a estos casos del precedente de 2020 que protege a empleados gays y trans de la discriminación laboral, y se mostró escéptico ante lo que describió como una “excepción transgénero” en leyes basadas en el sexo.
Las señales del pleno reflejan la composición actual del tribunal, con una mayoría conservadora de 6-3, que en los últimos cinco años ha fallado repetidamente en contra de intereses LGBTQ. Pese a ello, algunos magistrados también manifestaron preocupación por los posibles efectos colaterales de un fallo amplio, lo que sugiere que el tribunal podría buscar una decisión limitada.
El Supremo prevé emitir su fallo en ambos casos en la primavera o a comienzos del verano de 2026, una decisión que podría redefinir el alcance de la protección constitucional y federal para estudiantes transgénero en el deporte escolar en todo Estados Unidos.