Una organización social denunció irregularidades en el trámite legislativo de un proyecto que propone numerosas enmiendas para atemperar la Ley de Salud Mental de Puerto Rico (Ley 408 del 2000).
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Según la coordinadora del Frente Amplio de Acción Social (FAAS), Alice Pérez Fernández, hubo entidades que trabajan con pacientes del sector de salud mental que, este miércoles, quedaron fuera de la primera vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 1007, radicado por el presidente de la Comisión de Salud, Gabriel Rodríguez Aguiló.
“La ausencia de grupos que representan al paciente, al participante, es importante. Si no estamos revisando desde personas que requieren servicios, ¿cómo vamos a mejorar? El panel de expertos se queda en un nivel donde el servicio no se mide desde quién lo recibe”, criticó la psicóloga en llamada con Metro Puerto Rico.
También mencionó que hubo organizaciones consultadas en la elaboración del proyecto que no fueron invitadas a la discusión en la vista. Incluso, en su memorial, Catherine Oliver Franco, jefa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), cuestionó que el proyecto no incluyó las revisiones sometidas meses antes. Por tanto, no avaló la propuesta y sugirió devolverla a una comisión interna para una segunda evaluación.
A la entrega de esta edición, el licenciado Raúl Tirado Menéndez, abogado del FAAS, confirmó que la Comisión de Salud les otorgó esta tarde un turno para someter un memorial en una segunda vista pública, a celebrarse este viernes.
Las partes que lograron participar de la sesión, como el Departamento de Salud (DS), el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y algunas aseguradoras de salud, avalaron la medida, aunque algunos también propusieron acoger sus recomendaciones.
Salud, por ejemplo, señaló una falta de estadísticas concretas del Departamento o de Assmca en las justificaciones y entregó una tabla con 51 observaciones por artículo.
Otros grupos destacaron del proyecto el énfasis a la intervención temprana, la inclusión de la salud mental perinatal, el uso de telemedicina y la incorporación de cernimientos con instrumentos validados, entre otras estrategias para atemperar la Ley 408.
Según Rodríguez Aguiló, el Proyecto 1007 tomó 10 meses en preparar, a lo que Pérez Fernández calificó como un período corto para una propuesta que trastoca el marco legal de la salud mental.
“Dentro de nuestra evaluación, faltan estos grupos que vienen de la comunidad. Hace falta más discusión en áreas de promoción de salud mental […] Debe cumplir con todos los sectores y niveles. Falta que se involucre a actores principales que son personas que están recibiendo sus servicios”, subrayó Pérez Fernández.
El representante anticipa entregar el informe a su homólogo en el Senado, Juan Oscar Morales Rodríguez, en febrero.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.