La fiscalía federal y la defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced mantienen un choque frontal ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico sobre cómo debe interpretarse el acuerdo de culpabilidad que resolvió el caso criminal en su contra y qué hechos pueden ser considerados al momento de imponer sentencia.
El Departamento de Justicia federal solicitó al tribunal que rechace la moción de la defensa para eliminar el memorando de sentencia, en el que recomienda 12 meses de prisión, al sostener que dicha petición cumple con los términos expresos del acuerdo y con las guías federales de sentencia.
En su escrito, la fiscalía acusa a la exgobernadora de intentar distanciarse de hechos que ya admitió bajo juramento.
“La acusada continúa desplegando un desprecio temerario por la verdad”, sostuvo el fiscal federal asistente Seth Erbe. “No cree que las violaciones al financiamiento de campañas que corrompen el proceso electoral y causan un daño intangible incalculable al pueblo de Puerto Rico sean serias”.
La fiscalía argumenta que Vázquez Garced aceptó de manera consciente y voluntaria contribuciones políticas ilegales provenientes de un extranjero, específicamente del banquero Julio Herrera Velutini, durante la primaria a la gobernación de 2020, y que la ley federal criminaliza tanto la recepción de dinero como la aceptación de promesas de donativos y el pago de gastos de campaña por terceros.
“No se puede tapar el sol con la mano”, expresó el gobierno en su moción, al rechazar el argumento de que no hubo delito porque el dinero no entró directamente a la campaña.
Según la fiscalía, el propio acuerdo de culpabilidad establece que la exgobernadora “actuó de manera consciente y voluntaria para aceptar las contribuciones prometidas”, y que el valor de estas superó los $15,000, aunque no excedió los $25,000. Añade que intentar negar ahora ese hecho “contradice directamente los hechos estipulados y el informe presentencial”.
El gobierno también defendió su recomendación de cárcel al afirmar que: “Es la acusada quien ha culpado a otros, tergiversado el derecho y buscado ser sentenciada sin que el tribunal tome en cuenta el quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo de esta violación al financiamiento de campañas”.
La postura de la defensa
Por su parte, la defensa de Vázquez Garced sostiene que la fiscalía está intentando sentenciarla como si hubiera sido convicta por soborno, a pesar de que ese cargo grave sería desestimado como parte del acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia en Washington.
En su réplica, los abogados de la exgobernadora afirman que el gobierno conflata de forma indebida dos conceptos distintos en la ley: aceptar una promesa y recibir una contribución.
“Ninguna cantidad de retórica legal puede ocultar lo que es obvio: el gobierno busca que la señora Vázquez sea sentenciada —y juzgada en la opinión pública— no por el delito menor al que se declaró culpable, sino por las alegaciones de soborno que acordó desestimar”, planteó la defensa.
Los abogados subrayan que ningún dinero extranjero ingresó a la campaña, y que el delito por el cual se declaró culpable no implicó beneficio personal ni un quid pro quo.
“El estatuto distingue claramente entre aceptar una promesa y aceptar una contribución. Aquí se estipuló una promesa, no una aportación recibida”, argumentaron.
La defensa también rechazó que Vázquez Garced haya fallado en aceptar responsabilidad, destacando que admitió culpabilidad ante la jueza y ante la oficial de probatoria, y que cuestionar la interpretación legal del acuerdo no equivale a negar los hechos del delito.
“Ella dijo claramente: ‘Fue un error. Fue una oferta y la acepté’. La oficial de probatoria concluyó que la acusada ‘demostró claramente aceptación de responsabilidad’”, señala el escrito.
Se acerca la vista de sentencia
Vázquez Garced, Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini serán sentenciados el 29 de enero ante la jueza Silvia Carreño Coll por el delito menos grave de canalizar un donativo de campaña ilegal proveniente de un extranjero.
Aunque la defensa sostiene que el caso original por soborno no debe influir en la sentencia, la fiscalía recuerda que dicho caso no ha sido desestimado aún y que solo lo hará tras concluir la sentencia conforme al acuerdo.
“Si la acusada incumple el acuerdo o se le permite retirar su alegación de culpabilidad, el gobierno no estaría obligado a desestimar el caso de soborno y podría proceder a juicio”, advirtió la fiscalía.
La jueza deberá ahora resolver si el memorando de sentencia del gobierno respeta los límites del acuerdo de culpabilidad o si, como plantea la defensa, constituye un intento de rodear lo pactado antes de imponer la pena final.