Una de varias recomendaciones de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) al Proyecto de la Cámara 1007, que busca enmendar la Ley de Salud Mental (Ley 408), propone incluir a un psicólogo, consejero profesional, trabajador social o enfermero psiquiátrico en intervenciones de la Policía a pacientes de salud mental.
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La psicóloga Zayana Figueroa Montero planteó, en la segunda vista pública que celebró la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre la medida, que reduciría el riesgo de implementar fuerza excesiva y puede garantizar un criterio clínico en la toma de decisiones. A esos efectos, sugirió realizar capacitaciones en intervención en crisis entre la Policía y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca).
La doctora también abordó otras reservas de la APPR a la propuesta legislativa del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, quien preside la Comisión de Salud, como “ingresos involuntarios al hospital” y “tratamientos compulsorios” a pacientes que representan un riesgo; ambas las calificó como “punitivas”.
“Toda reforma debe preservar competencia y alternativas menos restrictivas”, sostuvo Figueroa Montero.
En reacción, Rodríguez Aguiló explicó que el “tratamiento compulsorio” propone reducir incidencias de pacientes de salud mental varados en hospitales —un asunto que mencionó la Asociación de Hospitales en su ponencia— quienes esperan hasta meses por que el tribunal determine el tratamiento adecuado.
En la revisión de la medida, incluirá al equipo de Emergencias Médicas en respuestas con Policía a casos de salud mental para que sean movilizados en ambulancia a una sala de emergencias, donde un equipo multidisciplinario los pueda evaluar y, de ser necesario, activar la Ley 408.
“Desde el día uno, dije que esto iba a traer mucha controversia”, reconoció el representante.
Otros términos y procesos que generaron preocupación entre el gremio incluyeron intervención judicial sin garantía de protección, falta de atención al impacto de determinantes sociales en salud mental y poco protagonismo comunitario.
Para abordar esas deficiencias, sugirió implementar una matriz de niveles de cuidado desde intervención temprana hasta hospitalización psiquiátrica aguda y crear un sistema de evaluación de seis dimensiones: intoxicación, abstinencia, condiciones biomédicas, condiciones emocionales conductuales, disposición al cambio y riesgo de recurrencia y ambiente de recuperación.
La organización Frente Amplio de Acción Social (FAAS) criticó que el Proyecto 1007 fue sometido con poco tiempo de evaluación por grupos expertos y relacionados al paciente. En esta segunda vista pública, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social se ausentó por esa razón, mientras que la Coalición por la Salud Mental, aunque asistió, lo mencionó en su ponencia.
La coordinadora y vicepresidenta de la Coalición, Mariana López Báez, solo mencionó que se incluyera el rol de terapistas ocupacionales en las enmiendas, puesto que ni la ley vigente incluye a la profesión.
Aunque fue convocado, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, fue excusado, mientras que representantes de las universidades Ponce Health Sciences University y Albizu no asistieron.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.