En Puerto Rico, nos hemos acostumbrado a que la corrupción se explique en voz baja y con eufemismos. Que si no fue soborno, fue “aportación”; que si no hubo tráfico de influencias, fue “gestión”. Esa normalización no es inocente: educa al país en la idea de que la impunidad es parte del sistema.
El caso federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced ilustra con claridad ese mensaje. Lo que comenzó en 2022 como una acusación grave de corrupción pública, con señalamientos de conspiración, soborno y fraude de servicios honestos, terminó reducido a un delito menor de financiamiento de campaña. Y cuando aún quedaba un espacio simbólico para la rendición de cuentas, llegó el perdón presidencial que cerró el caso antes de una consecuencia penal proporcional.
Aquí no se trata únicamente de Vázquez; se trata de lo que el proceso comunica. El país observa cómo una investigación que prometía marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción termina diluida entre acuerdos procesales y clemencias políticas. El mensaje es claro: el sistema castiga con severidad al ciudadano común, pero negocia con quienes tienen poder, acceso y redes.
La reducción de cargos ya había enviado una señal peligrosa. Convertir un esquema de corrupción pública en una infracción administrativa-electoral sugiere que el problema no fue el uso indebido del poder, sino un error técnico en la forma de financiar una campaña. El perdón presidencial terminó de sellar esa narrativa: aquí no pasó nada.
Ese mensaje erosiona algo más profundo que la confianza en los tribunales. Debilita la fe en la igualdad ante la ley. Mientras ciudadanos enfrentan consecuencias duras por faltas menores, las esferas de poder aprenden que siempre hay una salida: un acuerdo, una reinterpretación o una firma desde arriba que borra el expediente.
Decir que la escolta es “lo menos grave” no pretende minimizar hechos, sino ponerlos en perspectiva. La controversia pública sobre si la exgobernadora mantiene o no el beneficio de escoltas policiacas es, en realidad, lo menos grave de este caso y lo más fácil de resolver. Lo verdaderamente preocupante es el mensaje que deja todo el proceso: que los actos de corrupción en las altas esferas pueden diluirse, negociarse y finalmente borrarse sin consecuencias proporcionales. Ese recorrido, desde cargos graves hasta la ausencia total de sanción, normaliza la idea de que la justicia no se aplica igual cuando el poder está de por medio.
Puerto Rico no necesita más discursos anticorrupción. Necesita consecuencias creíbles.