El indulto concedido a la exgobernadora no electa de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, solo puede describirse con una palabra: obscenidad. Según la Real Academia Española, este término alude a actos de indecencia, deshonestidad, impudicia y descaro. Solo quienes comparten esas características —la kakistocracia y la plutocracia puertorriqueña— podrían celebrarlo, y aun así ninguno se atreve a hacerlo públicamente.
No es la primera vez que la exgobernadora sucesora se ve envuelta en controversias éticas, ya sea como acusada, acusadora o figura indirectamente vinculada. Mi primer recuerdo se remonta al caso de violencia doméstica contra el entonces portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Ríos. Aunque no se radicaron cargos contra él, la activación del protocolo le obligó a renunciar a todas sus posiciones de liderato en el partido y el gobierno, lo cual terminó allanando el camino para la candidatura a la alcaldía de San Juan de Carmen Yulín Cruz en 2012.
Como secretaria de Justicia, Vázquez Garced fue referida al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) por presunta intervención indebida en un caso de robo en la casa de su hija. Su esposo, el juez Jorge Díaz Reverón, también fue investigado por su alegada participación en el asunto. Más adelante, Díaz Reverón enfrentó otra pesquisa por la compra de un vehículo de lujo, cuya adquisición levantó sospechas sobre posibles irregularidades y concesiones de acceso privilegiado a la gobernadora en plena pandemia de COVID19.
Las acusaciones contra ambos siempre fueron desestimadas, aunque el ascenso del juez Díaz Reverón al Tribunal de Apelaciones nunca fue confirmado, lo cual se atribuye a este alegado patrón de comportamiento anti ético. En 2019, Vázquez colaboró con el FBI grabando una reunión con Jenniffer González y Thomas Rivera Schatz, relacionada con alegadas presiones indebidas en el proceso de sucesión tras la renuncia a la gobernación de Ricardo Rosselló durante el Verano del ’19.
Finalmente, en agosto de 2022, el FBI arrestó a Vázquez Garced por cargos de corrupción vinculados a su campaña del 2020: soborno, fraude electrónico y conspiración. Muchos pensamos que era el final de esta figura oscura: amoral, egoísta corrupta, cínica y hambrienta de poder. La anti heroína, “titi Wanda”, al fin había caído en manos de los Federales que, como saben los criminales, no perdonan.
Sin embargo, la exgobernadora se benefició de un acuerdo con altos funcionarios del Departamento de Justicia Federal de uno de los coacusados, el banquero Julio Martín Herrera Velutini. Vázquez Garced se declaró culpable de un cargo menor bajo la Ley Federal de Campañas Electorales. Vázquez se convirtió así en la primera exgobernadora en declararse culpable de un delito federal.
El debate público se centró entonces en si cumpliría o no cárcel. La jueza federal Silvia Carreño Coll expresó reservas sobre el acuerdo y sugirió que impartiría una lección al sentenciar. Pero, en un inesperado giro final, el presidente Donald Trump indultó a Velutini, a Vázquez y a los demás implicados. Se ha informado que Isabela Herrera, hija del banquero, donó $3.5 millones al súper PAC MAGA Inc., vinculado a aliados del presidente.
Una vez más, la exgobernadora sucesora escapa las consecuencias de sus actos. Otra vez, la maldad parece triunfar. Mientras Puerto Rico continúe votando por la kakistocracia y los buenos cedan ante los corruptos, la impunidad será la norma para la clase política puertorriqueña.