Diversos medios de comunicación en Estados Unidos reportan sobre el uso intensivo de tecnología de vigilancia avanzada por parte de agencias federales para ejecutar operativos migratorios, incluyendo aplicaciones digitales diseñadas para identificar posibles objetivos y rastrear ubicaciones en tiempo real.
Según informes publicados por medios especializados en tecnología y periodismo investigativo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilizan una aplicación conocida como ELITE, descrita como una plataforma con visualización tipo mapa que marca direcciones vinculadas a personas consideradas objetivos de deportación. El sistema incluye puntuaciones de “confianza” que estiman la probabilidad de que una persona se encuentre en una ubicación específica, lo que permite planificar arrestos por zonas con alta concentración de objetivos.
La tecnología detrás de estas herramientas fue desarrollada por Palantir Technologies, una empresa de análisis de datos que mantiene contratos con el gobierno federal. De acuerdo con los informes, estas plataformas integran múltiples bases de datos para cruzar información sobre movimientos, direcciones y patrones de localización, como parte de un sistema de análisis predictivo aplicado a la política migratoria.
En paralelo, un análisis del Financial Times expone que el gobierno federal ha incrementado de forma sustancial su inversión en contratos de vigilancia destinados a apoyar los esfuerzos de inmigración. Durante el último año fiscal, ICE habría destinado aproximadamente 353 millones de dólares a este tipo de tecnologías, lo que representa un aumento cercano al 27% en comparación con el año anterior.
Los informes detallan que las agencias federales cuentan con acceso a redes de lectores de tablillas vehiculares, herramientas de reconocimiento facial, escaneo ocular y pruebas de ADN, además de datos adquiridos a intermediarios comerciales. Entre la información utilizada figuran registros provenientes de redes sociales, facturas de servicios públicos y reportes de crédito, así como datos compartidos entre agencias estatales y federales, como registros de vehículos y bases de datos de ciudadanía.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido estas prácticas como parte de operativos “dirigidos” y enfocados en personas específicas. No obstante, exfuncionarios citados por medios estadounidenses han expresado preocupación por el redireccionamiento de recursos dentro de ICE. Según esas fuentes, unidades que tradicionalmente investigaban delitos como narcotráfico y trata humana habrían sido reasignadas para reforzar la ofensiva migratoria, lo que podría dejar otras áreas de seguridad federal con menor atención.
Las revelaciones han reavivado el debate en Estados Unidos sobre el uso de datos personales, la privacidad y los límites del poder gubernamental, particularmente cuando tecnologías desarrolladas para fines de seguridad nacional se aplican a operativos civiles de inmigración a gran escala.