La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) exigió el lunes el retiro de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de las comunidades de Puerto Rico.
La denuncia se da en el contexto de la muerte de Alex Pretti en medio de una intervención de agentes federales en Minneapolis.
“Desde el inicio, hemos denunciado el carácter arbitrario, cruel y discriminatorio de las redadas del ICE en Puerto Rico y cómo violentan los derechos de todas las personas, independientemente del estatus migratorio. El asesinato de Alex Pretti en Minneapolis, que le sigue al asesinato de Renee Good, muestra que esta agencia no está respetando, en la actualidad, los derechos constitucionales básicos que cobijan a todos, y que continuaremos ejerciendo y defendiendo”, subrayó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
La organización dedicada a la defensa de los derechos constituciones, indicó en sus declaraciones que “condena el asesinato y exigió el retiro inmediato de estos agentes federales violentos y peligrosos de las calles de Minneapolis y todas las comunidades expuestas a este tipo de ataques en Estados Unidos y Puerto Rico”.
“Lo ocurrido en Minneapolis confirma un patrón de operaciones violentas, discriminatorias, ilegales, sin controles reales y con consecuencias letales”, anotó Martínez Orabona.
En las últimas semanas, la ACLU de Minnesota y sus aliados presentaron dos demandas relacionadas con el asalto de ICE contra residentes de Minnesota. La primera es Hussen v. Noem, que impugna los arrestos sin orden judicial y el perfilamiento racial de la agencia; y la segunda es Tincher v. Noem, una demanda que impugna la violencia de ICE contra personas en Minnesota que ejercían sus derechos bajo la Primera Enmienda para reunirse, observar y protestar las actividades de control migratorio de agentes federales en las calles.
A nivel local, en apenas una semana, la ACLU de Puerto Rico ha logrado detener el traslado fuera de nuestra jurisdicción de tres personas inmigrantes detenidas por agentes de ICE -Martín Medina de la Cruz, Diogene Fermín Fernández y Joan Alberto Zorrilla Lora- y asegurar que se cumpla con su derecho a una vista de fianza mediante la radicación de peticiones de habeas corpus ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. En estos casos, colabora con la ACLU la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho Interamericana de Puerto Rico y la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
Estos arrestos ocurrieron bajo circunstancias que levantan serios señalamientos de perfilamiento racial y reflejan violaciones graves al debido proceso, además de otras posibles violaciones de ley que no podemos normalizar. “Seguiremos utilizando el litigio para exigir que el gobierno federal respete el debido proceso, garantice el acceso a fianza en los casos correspondientes y detenga prácticas de perfilamiento racial y traslados punitivos que afectan desproporcionadamente a comunidades inmigrantes en Puerto Rico”, planteó por su parte el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.
La ACLU sostuvo, además, que el Congreso tiene el deber de ponerle freno a ICE antes de que lo ocurrido en Minneapolis se repita una vez más e hizo un llamado al Senado federal a rechazar un presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) que permita que estas agencias fuera de control continúen poniendo a las comunidades en peligro.
En julio de 2025, el Congreso votó para añadir una cifra sin precedentes de $170 mil millones al ya enorme presupuesto del gobierno de Trump para la aplicación de leyes migratorias, lo cual ha financiado redadas violentas e indiscriminadas. Actualmente, el Congreso negocia el presupuesto del DHS para el próximo año, lo que financiaría a ICE y a la Patrulla Fronteriza, permitiéndoles continuar sus operaciones ilegales en Estados Unidos y Puerto Rico sin imponer límites serios a sus tácticas abusivas y violentas.