Isabel es madre de un joven de 12 años en el espectro de autismo con déficit de atención hiperactivo y trastorno oposicional desafiante y todos sus esfuerzos de conseguir cuidado con profesionales capacitados han fracasado por falta de atención adecuada, y no descarta trasladarse a Estados Unidos para conseguirla.
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Por una parte, denunció que las escuelas excluyen o rechazan a jóvenes con trastornos mentales, lo que atrasó el desarrollo educativo del niño; por otra, señaló a los psicólogos, psiquiatras y médicos en hospitales psiquiátricos pediátricos que no están capacitados para trabajar con estas poblaciones. En una hospitalización, contó, cambiaron los fármacos de su hijo sin haber consultado el historial médico por lo que “le provocaron una crisis más severa” que cuando ingresó.
El testimonio escrito de Isabel, junto a más pacientes y portavoces de organizaciones que trabajan con pacientes de salud mental, se compartió en una vista pública comunitaria organizada por el Frente Amplio de Acción Social (FAAS), como reacción al Proyecto de la Cámara 1007.
La medida, de la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, presidente de la Comisión de Salud, propone reformar la Ley de Salud Mental (Ley 408) para atemperarla.
En el proceso de vistas públicas en la Cámara de Representantes, bajo la Comisión de Salud, la coordinadora de FAAS, Alice Pérez Fernández, criticó que no hubo amplia participación comunitaria en la elaboración de un proyecto que trastoca el marco legal que les concierne. La vista pública comunitaria representa un “ejercicio democrático esencial”, dijo, en escuchar a quienes atraviesan el sistema de salud mental.
Camelia Porrata, paciente de manía quien participa en el grupo de apoyo Bipolar Puerto Rico, por su parte, expuso que los tratamientos en hospitales psiquiátricos son deficientes, como atrasos en las admisiones y atenciones con “cero empatía” de internistas.
Tras un episodio maníaco por el que tuvo que ser hospitalizada, cuando fue dada de alta, tenía cita de hospitalización parcial, al que se sintió obligada a acudir para decir que se sentía bien. “Tenía miedo de decir que estaba mal. El hospital no es un paraíso, hay mucho estigma con hospitales psiquiátricos”, compartió en la vista comunitaria celebrada en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Asimismo, en el testimonio de José, familiar de un paciente de salud mental y que optó por no compartir apellidos por seguridad, mencionó que hay especialistas que prefieren saltar el proceso de hospitalización involuntaria, que conlleva solicitar una certificación médica y una orden judicial de Ley 408.
“Coartan la libertad antes de hacer el proceso”, puntualizó.
El adulto también dijo que prefiere mantener la intervención del Poder Judicial, en vez de delegarlo a la Policía, contrario a lo que establecen las enmiendas propuestas a la ley. “Estaría indefenso”, reaccionó si se concreta esa mediación.
Al menos cinco muertes por intervenciones policíacas en salud mental
La portavoz de Kilómetro Cero, Adli Cordero Espada, recordó que en el informe El tercer castigo: entre la irracionalidad y la peligrosidad se revela que, entre 2016 y 2022, hubo 828 incidentes de fuerza relacionados a salud mental, de un total de 4,494 casos de intervenciones totales, lo que representa casi el 20 %.
Según Cordero Espada, la organización encontró que, solo en 2025, hubo al menos cinco muertes relacionadas a intervenciones de crisis de salud mental.
El Proyecto de la Cámara 1007 propone introducir en la Ley 408 “ingresos involuntarios al hospital” y “tratamientos compulsorios” a pacientes que representan un riesgo para sí mismo y otros, que en una vista pública varias organizaciones tildaron de “punitivas”.
Si bien en esa sesión el representante propuso añadir al personal de Emergencias Médicas en respuestas de salud mental con la Policía, la presencia de agentes policiacos altera el estado anímico de los pacientes, coincidieron organizaciones y pacientes.
“Queremos otra seguridad pública”, sentenció la portavoz de Kilómetro Cero, que ha apoyado a la ciudadana Lucía Santana Benítez, una residente que también impartió una ponencia en la vista, en representación de miles de personas en residenciales públicos, donde no hay apoyo gubernamental para casos de salud mental, dijo.
Otras organizaciones que participaron de la vista comunitaria fueron la Alianza de Autismo, el Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional y el Comité Amplio para Búsqueda de Equidad (CABE).
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.