La Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal de Puerto Rico evaluó este martes la necesidad de atemperar el marco penal vigente para atender nuevas modalidades de violencia contra menores en entornos digitales, ante advertencias de múltiples agencias sobre lagunas legales que limitan la protección efectiva de las víctimas.
Durante la vista pública, se discutió la falta de tipificaciones específicas para conductas como el grooming en sus fases preparatorias, el ciberacoso como delito autónomo y la sextorsión de menores, en un contexto donde la evolución tecnológica ha superado la capacidad de respuesta del ordenamiento jurídico actual.
El presidente de la comisión, el vicepresidente del Senado Carmelo Ríos Santiago, reconoció que los cambios acelerados en la tecnología representan un reto para la legislación penal.
“Esto es una Comisión que lleva años que no ha sido activada para la revisión del Código Penal. Sabemos que parte de los retos es la modificación de una acción que, en el caso de la tecnología, puede cambiar de variante todos los meses”, expresó. Añadió que la revisión debe enfocarse en conceptos amplios que permitan adaptabilidad normativa.
Por su parte, el senador Ángel Toledo López subrayó la importancia de que cualquier enmienda responda a conductas reales.
“Para poder legislar, incluso crear nuevos delitos, nosotros tenemos que atender a una conducta punible que realmente exista, porque yo no puedo legislar un delito que no esté ocurriendo en ningún sitio”, indicó.
Desde el ámbito estadístico, el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Orville Disdier Flores, respaldó la intención de robustecer el Código Penal, al señalar que “la rápida evolución tecnológica ha superado la capacidad de respuesta del ordenamiento jurídico vigente”.
No obstante, advirtió que la efectividad de cualquier reforma penal dependerá de la recopilación y análisis adecuado de datos, ya que sin estadísticas confiables “será imposible evaluar el impacto de la ley, asignar recursos de manera eficiente y ajustar las estrategias de prevención y persecución penal”.
Disdier Flores indicó que Puerto Rico enfrenta retos significativos en la identificación de delitos cibernéticos contra menores, ya que muchas de estas conductas se agrupan bajo tipificaciones genéricas que no permiten identificar patrones ni modalidades emergentes.
Aunque señaló que cerca de un tres por ciento de los menores reconoce haber sido víctima de estos delitos, admitió que la cifra podría ser mayor debido a la falta de notificación formal.
En esa línea, el director ejecutivo del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), Poincaré Díaz Peña, propuso la creación de plataformas o encuestas que permitan reportes anónimos para integrar los casos a las agencias pertinentes y mejorar la respuesta gubernamental.
Desde el Departamento de Justicia, Tanya García Ibarra explicó que el grooming es un proceso progresivo que puede ocurrir sin una proposición explícita de contacto físico. Recomendó enmendar el Artículo 124 del Código Penal para tipificar las fases tempranas del acercamiento y manipulación de menores. Además, advirtió que Puerto Rico carece de tipificaciones específicas para el ciberacoso y la sextorsión, esta última descrita como “la amenaza de divulgar material íntimo para coaccionar a menores”.
La senadora María de Lourdes Santiago Negrón alertó sobre las limitaciones del Estado para procesar este tipo de delitos.
“Un problema que tenemos con este tipo de delitos es la falta del Estado de responder con recursos técnicos para la radicación de cargos. Sobre todo, en los casos de menores una ínfima cantidad se logra procesar a nivel judicial”, expresó.
Datos presentados por la Oficina de Administración de los Tribunales reflejan que entre los años fiscales 2020-2021 y el presente solo se han atendido siete casos en juicio por el delito tipificado en el Artículo 124 del Código Penal, lo que, según la agencia, dificulta evaluar los retos del procesamiento judicial.
La Policía de Puerto Rico, a través de la teniente Lilian Ortiz Oliver, informó que la División de Crímenes Cibernéticos interviene anualmente en más de 2,400 casos relacionados con delitos digitales, incluyendo seducción de menores y pornografía infantil, lo que evidencia la magnitud del problema.
Mientras, representantes del Departamento de la Familia y del Departamento de Educación coincidieron en que la ausencia de tipificaciones claras dificulta la intervención temprana y afecta el bienestar emocional, académico y social de los menores.
La Comisión Conjunta anticipó que continuará evaluando recomendaciones para actualizar el Código Penal.