La jueza federal Silvia L. Carreño Coll desestimó oficialmente el caso criminal que involucraba a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, al banquero Julio Herrera Velutini y al exagente federal Mark T. Rossini, tras reconocer los indultos presidenciales plenos e incondicionales concedidos por el presidente Donald Trump.
En una orden emitida hoy, lunes, la magistrada determinó que, debido a que los tres acusados aceptaron formalmente los indultos y ninguna de las excepciones constitucionales que limitan el poder de clemencia presidencial aplica en este caso, todos los asuntos pendientes en el expediente quedan sin objeto (“moot”).
Como resultado, el tribunal procedió a desestimar el caso en su totalidad, acogiendo la solicitud presentada por la Fiscalía federal, y ordenó que se emita sentencia conforme al cierre del expediente.
Tribunal queda sin jurisdicción
En su resolución, la jueza Carreño Coll señaló que, al quedar el caso sin objeto tras los indultos presidenciales, el tribunal queda efectivamente privado de jurisdicción para continuar atendiendo el proceso.
La magistrada también destacó que, aunque las defensas realizaron múltiples intentos para lograr la desestimación del caso antes del indulto, el pliego acusatorio se mantuvo vigente y el caso no llegó a juicio, quedando finalmente concluido por la intervención directa del poder ejecutivo.
Antes de concluir la orden, la jueza expresó su agradecimiento al personal del tribunal, al juez magistrado Héctor L. Ramos-Vega y a la Oficina de Probatoria federal por el tiempo y trabajo dedicado al caso.
El caso había sido radicado originalmente en 2022 como un esquema de soborno y corrupción pública relacionado con el financiamiento de la campaña primarista de Vázquez Garced en 2020. Posteriormente, tras negociaciones con el Departamento de Justicia federal, los acusados se declararon culpables en 2025 por delitos menos graves relacionados con donativos ilegales de campaña y se encontraban a la espera de sentencia.
El indulto presidencial fue concedido mientras las partes aún discutían la recomendación de la Fiscalía federal de imponer una pena de un año de prisión a la exgobernadora.
Con esta orden, el proceso judicial federal queda cerrado de manera definitiva para los tres imputados.