Ante un contexto descrito como uno de retrocesos acelerados en derechos fundamentales y profundización de la crisis de vivienda, Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) presentó su agenda de trabajo para el 2026, centrada en insistir en el derecho a permanecer frente a un escenario de desplazamiento que, según la organización, se manifiesta de forma interrelacionada en la vivienda, la tierra y el cuerpo.
Durante el 2025, Ayuda Legal Puerto Rico acompañó legalmente a 6,771 personas, de las cuales el 70% fueron mujeres y cerca de una cuarta parte adultos mayores. Además, más de un millón de personas accedieron a información y herramientas legales a través de su plataforma digital. No obstante, la organización advirtió que estas cifras solo reflejan una parte de una crisis estructural que anticipa se intensificará durante el próximo año.
“Permanecer ya no es una condición garantizada, es una disputa abierta. Hoy vemos cómo el desplazamiento opera desde la pérdida de la vivienda, desde transformaciones territoriales que expulsan comunidades, y desde el control de los cuerpos, particularmente de inmigrantes, mujeres y personas gestantes. Frente a eso, insistir se convierte en una tarea urgente”, expresó Ariadna Godreau Aubert, fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico.
La organización alertó que el 94% de las personas que enfrentan procesos de desalojo en Puerto Rico no cuentan con representación legal, en un contexto marcado por el aumento en la necesidad de vivienda asequible, prácticas predatorias de caseros y ataques a la vivienda pública. En ese sentido, señaló que se han utilizado casos individuales para construir narrativas que responsabilizan a los residentes de la crisis, mientras se invisibilizan deficiencias de agentes administradores, la falta de fiscalización y la exposición de familias a condiciones peligrosas, como la presencia de plomo en residenciales públicos.
De cara al 2026, ALPR priorizará el acompañamiento legal en casos de desahucios, ejecuciones hipotecarias y discrimen en la vivienda, tanto pública como privada; la fiscalización de agentes administradores, caseros corporativos y procesos de estorbos públicos; así como la incidencia ante la crisis federal de vivienda pública y el desmantelamiento de protecciones a residentes. También mantendrá apoyo legal en contextos de desastres, justicia climática y procesos de recuperación.
En el ámbito legislativo, la organización fortalecerá su Observatorio de Política Pública, una herramienta digital dirigida a monitorear y visibilizar medidas relacionadas con vivienda, trabajo, derechos reproductivos y justicia climática.
A través de este instrumento, Ayuda Legal Puerto Rico busca medir prioridades legislativas y facilitar la incidencia de organizaciones desde una perspectiva de derechos humanos.
La agenda de trabajo también incorpora reclamos de justicia económica, al advertir sobre el debilitamiento de servicios para sobrevivientes de violencia doméstica, la ausencia de políticas que reconozcan el trabajo de cuido y las amenazas a la asistencia nutricional. En ese contexto, ALPR continuará acompañando legalmente a mujeres desplazadas por violencia doméstica, trabajadoras afectadas por desempleo y familias beneficiarias de asistencia pública, integrando vivienda, trabajo y alimentación como condiciones mínimas para el derecho a permanecer.
Asimismo, la organización adelantó que durante el 2026 impulsará un proyecto de ley para extender una licencia de cuido, con el objetivo de eliminar barreras para personas cuidadoras, particularmente mujeres.
En cuanto a derechos fundamentales, Ayuda Legal Puerto Rico ampliará su capacidad de acción legal y respuesta rápida, con énfasis en la defensa del derecho al aborto y la autonomía de las personas embarazadas. La organización indicó que continuará acompañando a mujeres, proveedoras de servicios de salud y entidades defensoras de derechos reproductivos, mediante litigio estratégico, educación legal, talleres especializados y espacios de formación comunitaria.